El martes, 31 de octubre, al promediar las 12:00 p.m., la población de Contumazá y Cascas, provincias de las regiones Cajamarca y La Libertad, respectivamente, se dirigieron hacia los yacimientos mineros de Cascabamba, que trabajan de manera ilegal. Marchó un aproximado de 800 personas.
Sin embargo, al llegar a la zona no encontraron a nadie de quienes laboran en estas minas. Al parecer fueron alertados y optaron por alejarse de la zona, para evitar, tal vez, enfrentamientos o ser castigados.
Estuvieron presentes los alcaldes de las provincias de Gran Chimú (Cascas) y de Contumazá, así como otras autoridades políticas de estos lugares, también agentes de la Policía Nacional e integrantes de las rondas campesinas de Cascas, Contumazá, Cospán, Asunción, Tabacal, Magdalena y Cajamarca, quienes en todo momento pronunciaban arengas como “Agua sí, oro no”.
Tras percatarse que no había ninguna persona en la zona, que podría resultar herida, procedieron a destruir los campamentos rústicos de los mineros informales, quemando algunos enseres y derrumbando las paredes de las chozas que fungían de viviendas.
En todo momento actuaron con una decisión enérgica y firme, con el propósito de no permitir minería ni legal ni ilegal, para defender los colchones acuíferos de la única fuente de agua de consumo que abastece a las dos provincias de Contumazá y Gran Chimú.
Asimismo, solicitaron a las autoridades de los gobiernos regionales de La Libertad y Cajamarca, así como al Gobierno Central, intervenir en este delicado problema de la minería ilegal que aún sigue en actividad.
Igualmente, tras previo acuerdo de las partes intervinientes en este desalojo, se formaron comités con delegaciones de las dos provincias, quienes se turnarán en la vigilancia en el sector minero cada semana, para que no vuelvan estos intrusos a laborar en esta parte de la región Cajamarca.
Finalmente se logró el desalojo de los mineros informales ubicados en la zona, se acordó, en forma reiterativa, que no se otorgará ni un centímetro a la minería formal ni informal en la provincia de Contumazá, en prevención de la desaparición de las fuentes de agua.
También se acordó que en caso regresen a “provocar nuevamente”, serán puestos a disposición de la justicia de las rondas campesinas, para que sean castigados de acuerdo a los usos y costumbres de esta organización.