Docentes y abogados constitucionalistas coinciden en que el recurso presentado en nombre del Ministerio Público va en contra de las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia.

La demanda competencial que en nombre del Ministerio Público (MP) presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para anular dos de las investigaciones que se le siguen ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) carece de sustento constitucional, según expertos consultados.

La Fiscalía pide que se declare que la JNJ no puede cuestionar o revisar los actos de administración interna y de gestión dispuestos por Benavides.

El profesor de Derecho Constitucional y Derecho Comparado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Jorge León Vásquez, indicó que “uno de los requisitos esenciales” para que se admita una demanda competencial es que exista un “auténtico conflicto constitucional”. Es decir, que haya “un conflicto entre órganos constitucionales; no una discrepancia de índole personal por parte de quien representa a un órgano del Estado”.

Para León Vásquez, no se debe confundir “un verdadero conflicto constitucional” con las “desavenencias personales que Benavides tiene en relación con la forma como la JNJ ejerce sus facultades constitucionales”.

“A mi juicio, se intenta desnaturalizar la finalidad constitucional del proceso competencial para impedir que la JNJ ejerza sus facultades constitucionales sobre un asunto que claramente no afecta al MP como institución, sino a una de sus fiscales. La demanda no debería ser admitida”, añadió.

León Vásquez consideró que “sería un pésimo antecedente” no solo que el Tribunal Constitucional (TC) admita la demanda, sino que, además, la declare fundada. Expuso las siguientes razones: no hay un auténtico conflicto constitucional, se acentuaría el desequilibrio de poderes que hoy existe y se estaría “desnaturalizando” un proceso constitucional destinado a proteger la distribución del poder para utilizarlo con fines personales. “Es una buena oportunidad para que los magistrados del TC reflexionen sobre su rol que los obliga a actuar racional y razonablemente. Bajo este criterio, no hay más camino que rechazar la demanda para no debilitar a la JNJ”, añadió. La República.