24 noviembre, 2021 »

El Estado no sabe prevenir ni manejar conflictos sociales

Che Bernaola Torres, dirigente violentista, firmó junto con la primera ministra el acuerdo de Ayacucho que hoy pone en jaque a la minería.

Che Bernaola Torres, dirigente violentista, firmó junto con la primera ministra el acuerdo de Ayacucho que hoy pone en jaque a la minería.

La premier Mirtha Vásquez se reunió con grupos intermediarios en Ayacucho para apurar el cierre de cuatro operaciones mineras (para empezar). Entre estos había personajes, como Che Bernaola Torres, y otras organizaciones con agendas violentas y antisistema. Estos grupos intermediarios se presentaron como “el pueblo” para firmar el acuerdo que luego traería tanta polémica.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en un contexto de buenos precios internacionales como 2021, la paralización de la actividad minera generaría pérdidas económicas diarias de más de S/160 millones, con lo cual se dejarían de recaudar cerca de S/55 millones cada día o S/20 mil millones al año. Pero esto no parece ser importante para el actual gobierno, que paradójicamente dice necesitar más recursos e impuestos.

Volviendo al acuerdo, llamó la atención que, pocas horas después, varias comunidades del sur de Ayacucho criticasen el documento firmado y la posibilidad de cerrar operaciones mineras en la zona. Y era de esperarse, muchísimas comunidades no son representadas por estos grupos intermediarios violentos, entre los cuales estaban quienes causaron el incendio del campamento de la mina Apumayo.

Este no solo demuestra de qué lado está el actual gobierno, sino también la pésima gestión para resolver no solo este, sino la mayoría de conflictos que se generan alrededor de la industria extractiva.

Por otro lado, en el diálogo nunca participaron las empresas mineras afectadas. El lunes aparecieron imágenes de un grupo de funcionarios de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el OEFA, evaluando “la situación de las empresas mineras”, pero las empresas mineras no estaban presentes. ¿Cómo puede el Estado evaluar al sector privado sin escuchar al sector privado? ¿Cómo puede intermediar entre la ciudadanía y la empresa si solo escucha a grupos con intereses ideológicos y particulares y les da la espalda a los legítimos interesados en el problema?

Según la Defensoría del Pueblo, existían 193 conflictos sociales en Perú hasta junio de este año. Ahora hay 148 que están activos. En dos de cada tres, el Estado inicia el diálogo cuando ya estalló la violencia. El gobierno de Castillo opta por avalar esa violencia y ceder ante el vandalismo. Como en los casos de Aquia, con el bloqueo a Antamina, liderado por un actor político cercano a Perú Libre, Adán Damián Gamarra, y como en el caso de la quema del campamento minero en Apumayo, encabezada por Che Bernaola Torres, quien luego firmó el acta de cierre de minas junto a la premier.

El verdadero enemigo: la minería ilegal
La minería formal cumple con casi todos los estándares ambientales, laborales y sociales para operar. En los últimos 10 años, la actividad minera en Perú representó cerca del 9% del PBI, el 60% de las exportaciones, 16% de la inversión privada y 10% de la recaudación interna.

Lo que no recordamos es que la minería ilegal trabaja al margen de la ley, no cumple requisitos ambientales, sociales o laborales, opera sin concesión, y genera violencia donde opera.

Se supone que cientos de mineras informales y artesanales debían pasar por un proceso de formalización que debía culminar en 2014. Pero el plazo se amplió en 2016 hasta diciembre de 2021. O sea, hasta dentro de unas pocas semanas. La selva es la región en la que la ilegalidad es masiva, contamina ríos y suelos de forma brutal. ¿Dejaremos que el verdadero enemigo siga libre mientras atacamos a quienes contribuyen con el desarrollo y la economía?

¿Qué significa la “seguridad jurídica”?
Es saber de antemano las reglas de juego que tanto el Estado y las empresas o los ciudadanos deben seguir y no pueden romper, según lo que dicen la ley o los contratos, que no solo sirven para regular las actividades del sector privado, sino también para regular el desempeño de la burocracia del Estado.

La seguridad jurídica garantiza que una persona o empresa, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques.

Nuestra Constitución dice que el Estado debe otorgar garantías y seguridad a la inversión y propiedad privadas. El acuerdo de Mirtha Vasquez en Ayacucho afecta este principio.

 

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