El expresidente de la República Martín Vizcarra se pronunció sobre la acusación de haberse beneficiado en un proceso judicial mediante la denominada ‘Ley Soto’, lo que habría permitido la prescripción de una investigación en su contra por presunta negociación incompatible.

Como se recuerda, el dominical Panorama reveló que se aplicó la polémica ley -surgida por iniciativa del ahora presidente del Parlamento, Alejandro Soto- en el proceso en torno a la construcción de la represa Chirimayuni, obra impulsada por Vizcarra Cornejo durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Al respecto, el exmandatario negó haberse beneficiado con la ‘Ley Soto’ por iniciativa propia, sino que fue decisión del Poder Judicial el aplicar la norma en el caso.

«Están equivocados al decir que yo he recurrido a esa norma, no es así (…) El juez a cargo de esta investigación ha declarado de oficio la excepción de prescripción de la acción penal. Ni yo ni mi abogado hemos solicitado en absoluto la prescripción (…) Es el Poder Judicial que, de oficio, ha hecho la aplicación de esta norma al ver que se aplicaba a este proceso de investigación», explicó en La Rotativa del Aire.

«El juez, en su resolución, dice que “se resuelve de oficio declarar”, es el juez que declara fundada la excepción de prescripción de la acción penal. Entonces, sí recurre a esta norma, pero lo hace el juez a mérito propio», remarcó.

No obstante, el expresidente indicó que el caso ya había sido archivado en tres ocasiones por la Fiscalía y el Poder Judicial, por lo que «estaba muerto».

«Este proceso, en dos oportunidades, fue sobreseído, no es que recién se empezó a investigar y se aplicó esta norma. El 2 de abril del 2018 (…), la fiscal Claudia Malma requirió el sobreseimiento de este proceso, es decir, dispuso poner término al proceso referido a mí. Luego, en agosto de ese año, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria declara fundado el requerimiento del sobreseimiento (…) y se apela. El 21 de noviembre del 2018, la Sala de Apelaciones confirma el sobreseimiento de este proceso. Fueron tres oportunidades», explicó.

«Si se analiza el accionar de la Fiscalía y el Poder Judicial (…) ya habían archivado este caso. Así que era un caso muerto de la Fiscalía y seguramente, para bajar la carga procesal, el Poder Judicial ha determinado de oficio la decisión que ha tomado», agregó. RPP