Ayer el Congreso aprobó una ley para favorecerse en una demanda competencial y que busca descomponer la Junta Nacional de Justicia. Minutos antes Dina Boluarte firmó la norma que le quita al Ministerio Público la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de delitos y se la otorga a la PNP.

Un juego en pared en medio de la crisis de seguridad que azota el país. Ayer el Congreso y el Ejecutivo dieron un zarpazo contra el sistema judicial. En el hemiciclo recibió luz verde una ley que apunta a descomponer la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y en Palacio Dina Boluarte firmó la norma que le arrebata al Ministerio Público (MP) la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de delitos y se las otorga a la Policía.

Con 70 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó una ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional. Se trata de un dictamen impulsado desde la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Las bancadas que respaldaron esta arremetida fueron Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y un sector de Acción Popular.

Ley con nombre propio

La norma reduce de cinco a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva conflictos competenciales e incluye una disposición para que sea aplicable en los procesos que todavía no fueron resueltos.

El TC está demorando su decisión sobre la demanda competencial que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial por la medida cautelar que restituyó de manera temporal a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez.

La coalición parlamentaria pretende que ambos consejeros sean inhabilitados de la función pública.

La otra modificación polémica es que esta ley crea un proceso especial para las demandas de amparo contra las decisiones adoptadas por el Congreso como parte de su control político, entre ellas las que derivan de acusaciones constitucionales contra altos funcionarios.

Las demandas de amparo serían resueltas en un plazo máximo de 60 días y no procederían las medidas cautelares, de acuerdo al texto sustitutorio

El dictamen necesita de una segunda votación en el Pleno para su ratificación y ser enviada a Palacio para su promulgación.

Le restan facultades al Ministerio Público

Dina Boluarte, en tanto, puso su rúbrica en la ley que le otorga a la Policía la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de delitos. El Ministerio Público dejará de estar a cargo de esa etapa. El primer ministro Gustavo Adrianzén anunció que hoy será publicada la resolución.

El Congreso había enviado la autógrafa de esta ley a Palacio el jueves 26 de setiembre, en medio del primer paro de transportistas.

La parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, advierte que esta ley es inconstitucional. “Al gobierno de Dina Boluarte tampoco le interesa defender la legalidad, una perfecta títere que responde obediente a sus bancadas oficialistas”, protestó.

En el Congreso, el fujimorismo ahora le exige a Boluarte presentar una propuesta de reforma del sistema judicial y denunciar parcialmente al Pacto de San José. Mientras eso, ninguna de las bancadas que apoyan esta iniciativa ha dado su brazo a torcer con la ley 32108 sobre crimen organizado y se resisten a derogarla. Fuente: La República