Escribe: CARLOS PARODI: El 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú en condiciones por todos conocidas. En abril del mismo año tenía una aprobación de 57%, cifra que en julio disminuyó a 35% para luego subir a 66% en diciembre último. En febrero de 2019 se encontraba en 58%, casi el mismo nivel con el que comenzó su gobierno. De hecho la característica más saltante de los últimos doce meses ha sido el destape de diversos escándalos de corrupción que ha afectado a miembros de todos los grupos políticos así como expresidentes y exalcaldes. El tema ha sido y es el mismo: la política. La principal razón de los altos niveles de popularidad del presidente justamente fue su identificación con la lucha contra la corrupción y la reforma política, sin duda alguna indispensables.

¿Y la economía? Pues habría que decir que las fortalezas macroeconómicas se han mantenido y eso no es poco, considerando la turbulencia política y el entorno económico externo. La economía peruana mantiene la estabilidad monetaria (la inflación se encuentra dentro de la meta del banco central), el tipo de cambio está relativamente estable, existe disciplina fiscal (el déficit fiscal fue de 2.5% del PBI, por debajo del 3% establecido como límite), la deuda pública como porcentaje del PBI cerró en 26%, debajo del tope de 30%, etc. Por lo tanto, estamos bien en los grandes números. En consecuencia si alguien quiere ver el vaso medio lleno, podrá decir que la lucha contra la corrupción, la reforma política y la mantención de la estabilidad macroeconómica son los grandes éxitos del primer año de gobierno.

Sin embargo, si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que los resultados macroeconómicos son necesarios pero no suficientes para que aumente el bienestar. El problema está en la ausencia de reformas (o al menos su puesta sobre la mesa para el debate, como sí se hizo en al campo político). Si ello no ocurre, la popularidad disminuirá, pues el ciudadano de a pie espera sentir los beneficios del buen manejo macroeconómico. ¿Y cuáles temas deben ser motivo de reformas? Desde mi punto de vista, la inseguridad ciudadana encabeza la lista, seguida por las reformas postergadas desde hace décadas: educación, salud pública, agua y desagüe para todos, empleos adecuados, etc.

En primer lugar, la economía tiene que crecer más; no basta el 3.99% de 2018. El mayor crecimiento genera, aunque no en la misma magnitud, más empleo y mayor recaudación tributaria; esta última financia el gasto público que tendría que destinarse a las reformas que elevan el bienestar. Y las reformas tienen mayor probabilidad de éxito cuando el presidente tiene altos niveles de aprobación, como los existentes durante este primer año. Si no se plantearon con casi 60% de aprobación, ¿cree usted lector que será más fácil con menores niveles de popularidad? La respuesta es negativa. Por lo tanto, faltó impulso a las reformas.

En segundo lugar, y a pesar de ello, la población espera las reformas. De acuerdo con una encuesta de IPSOS realizada entre el 13 y 15 de marzo de este año, más del 50% de los ciudadanos cree que se harán reformas antes de 2021. Específicamente, 60% cree que las reformas educativas son imprescindibles, 54% apunta a las del sistema de salud pública y 41% a seguridad ciudadana. La ciudadanía tiene expectativas respecto de los cambios que tienen que realizarse en los sectores mencionados y ellos se denominan reformas.

En síntesis, en lo que queda de su gobierno tiene que ir más allá del tema político y entrar a las reformas económicas. Tarea difícil, pero no imposible, más aun si se considera que la oposición en el congreso se encuentra debilitada, aunque en contra juega que tampoco tiene una bancada congresal sólida y cohesionada. Por el momento y a juzgar por las encuestas, tiene a la población. Y eso no es poco.

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