El Estado peruano no asumirá la defensa y asesoría legal de la expresidenta Dina Boluarte en la investigación preliminar que se le sigue en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.

Así lo establece una resolución suscrita el último 17 de febrero por Luis Solorzano Yabar, subsecretario general del despacho presidencial en el que se declara “improcedente” la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por la exmandataria respecto a esta investigación preliminar.

Esta decisión fue emitida en atención a un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica en el que se señala que de la evaluación tanto de la solicitud de la expresidenta Dina Boluarte como de la disposición fiscal sobre dicha investigación preliminar, no se advierte relación alguna entre los hechos materia de investigación, consistentes en el presunto incremento ilícito del patrimonio respecto de los ingresos legítimos y el ejercicio regular de las funciones que le corresponderían como presidente de la república.

Asimismo, se precisa que el delito de enriquecimiento ilícito agravado, por su propia naturaleza, se configura por el incremento patrimonial injustificado de carácter personal, el cual no constituye ni deriva del ejercicio de atribuciones, competencias o decisiones propias del cargo de presidente de la República.