Iniciativa legal también propone que las causales para vacar o suspender a una autoridad regional sean las mismas que para una autoridad municipal. Asimismo busca que regidores y consejeros regionales puedan fiscalizar sin necesitar autorización de los concejos municipales o consejos regionales, respectivamente.

Pese a que en la actualidad existe la vacancia para casos de nepotismo (cuando contratan a sus familiares) en los gobiernos locales, no ocurre lo mismo en los gobiernos regionales. Con el fin de llenar ese vacío, el Ejecutivo presentó una iniciativa legal en este sentido, dentro de la reforma política planteada al Congreso de la República.

Se trata del Proyecto de Ley que propone fortalecer la fiscalización y control en los Consejos Regionales y Concejos Municipales, el cual establece que el cargo de gobernador, vicegobernador y consejeros regionales vacan también por nepotismo, conforme a ley de la materia. Asimismo, por incurrir de manera directa e indirecta en contrataciones para un interés o beneficio particular, propio o de terceros, y no en la búsqueda del interés público.

De esta manera, se refuerza el control interno que hacen los propios consejos regionales y concejos municipales a través de la vacancia y suspensión. Por ejemplo, hoy, si un alcalde contrata a su pariente (nepotismo) es vacado, sacado de su cargo, pero no así un gobernador, vicegobernador o consejero regional.

En general, lo que se busca es que se apliquen las mismas reglas para permanecer en el cargo para autoridades regionales y municipales, tanto para que dejen la función de manera definitiva (vacancia) o temporal (suspensión).

Se debe recordar que, según información del Jurado Nacional de Elecciones, las estadísticas de sanciones a autoridades regionales y municipales aprobadas entre 2015 y 2018 muestran que el nepotismo es la cuarta causal más frecuente para declarar vacancia, después de la no concurrencia injustificada a sesiones ordinarias, muerte, y condena consentida o ejecutoriada por delito doloso.

De otro lado, este proyecto incluye la potestad a los regidores y consejeros regionales de formular pedidos de información para fiscalizar la gestión municipal y regional; hace hincapié en que los pedidos de información que formulen deben ser atendidos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, bajo responsabilidad.

En la actualidad, para que un regidor pida información de la gestión, requiere aprobación del Concejo Municipal, la que puede no aprobarse ante la mayoría que tiene el alcalde.

Con esta propuesta se elimina esta exigencia (que no tienen los ciudadanos, que piden información por acceso a la información pública), para reforzar la capacidad de fiscalización del Concejo Municipal y el Consejo Regional.