La respuesta a los conflictos no puede ser su criminalización. Por el contrario, hay que respetar el derecho constitucional a la protesta social.

Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de conflictos son de carácter socioambiental, vinculados a actividades mineras y de hidrocarburos. Esta entidad registró la existencia de 197 conflictos. Es evidente que la proliferación de los conflictos sociales hallan su causa en la intensificación del modelo económico extractivista y en las asimetrías de poder propias de una débil democracia, a lo cual se suma la corrupción que debilita e ilegitima la acción del Estado.

La respuesta a los conflictos no puede ser su criminalización. Por el contrario, hay que respetar el derecho constitucional a la protesta social. Para la Defensoría del Pueblo, los conflictos son “una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social”, por ello hay que desarrollar y fortalecer mecanismos institucionales para la prevención y gestión pacífica de los conflictos, evitando que lleguen a la violencia. Sin embargo, los actos destructivos de violencia, serán fuertemente sancionados, así como las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.

Recuperando el rol planificador del Estado y para una promoción de las inversiones responsables, aprobaremos la ley de ordenamiento territorial y el marco metodológico de la ley de protección de cabeceras de cuencas, así como suscribiremos el Acuerdo de Escazú que tiene medidas de protección de derechos humanos para los defensores ambientales. El Perú no puede estar en la lista de los países del mundo donde se asesinan a más defensores ambientales.

Dado que 97.4% de los conflictos son competencia del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, hay que coordinar estos diversos niveles de gobierno para prevenir y gestionar los conflictos. Potenciaremos la acción del Viceministro de Gobernanza Territorial y del Viceministerio de Interculturalidad así como de la Defensoría del Pueblo para desarrollar una institucionalidad fuerte para la gestión y resolución de los conflictos. En los territorios de comunidades campesinas o pueblos originarios la consulta previa será de estricto cumplimiento. Al contrario de lo que propugna la ideología neoliberal, tendremos una gobernanza fuerte para una mejor democracia.

Fortaleceremos el OEFA, para que intervenga de oficio en las denuncias por contaminación ambiental y restableceremos el principio de la inversión de la carga de la prueba para garantizar el acceso a la justicia ambiental. Priorizaremos la construcción y puesta en funcionamiento de su laboratorio nacional para la producción de información veraz y oportuna. Fortaleceremos con recursos humanos y financieros la Procuraduría del MINAM, la policía ecológica, las fiscalías y juzgados especializados en medio ambiente. La Contraloría General de la República realizará anualmente las evaluaciones de desempeño ambiental de las instituciones públicas, incluyendo las del sistema de justicia. La detección de conflictos de intereses y de corrupción en funcionarios públicos en materia ambiental serán sancionados con severidad.

Aprobaremos la ley de monitoreo ambiental ciudadano participativo, para que la acción de la sociedad civil organizada se institucionalice y ayude a la acción fiscalizadora preventiva del Estado. La Autoridad Nacional del Agua será reorganizada y el SENAMHI fortalecido. Todo esto redundará en la prevención y mejor gestión de los conflictos socioambientales.

Para el tratamiento de los conflictos laborales que representan el 4.1% de los conflictos existentes: 1) formalizaremos los contratos laborales en el sector público, eliminando progresivamente, y según disponibilidad fiscal, los contratos CAS y terceros; y 2) los nuevos contratos para ingresar a la administración pública serán vía concurso y estricto mérito, retomando el plan de creación de carrera pública. Para el sector privado fortaleceremos el Consejo Nacional del Trabajo y se respaldará el reconocimiento de la negociación colectiva por rama en los diversos sectores.

Marco Arana es el candidato del Frente Amplio.
Vía RPP