Un reportaje dio cuenta que varios trabajadores del Congreso de la República fueron responsables de acelerar el trámite y aprobar la pensión para el expresidente Alberto Fujimori —condenado por corrupción y las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta—, a pesar de que la ley lo impide.

Funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera el empresario y gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, fueron los que aprobaron desde el Congreso la pensión vitalicia de 15 600 soles que viene recibiendo Alberto Fujimori, quien en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que este beneficio que recibió el padre de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular que ha postulado a la Presidencia de la República en tres oportunidades, se le otorgó en la gestión del entonces titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes (APP), investigado por dos delitos vinculados a la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Alberto Fujimori presentó el 29 de abril de este año ante el Congreso de la República una solicitud para que se le conceda la pensión económica, además de auto, combustible y guardaespaldas, a pesar de que tiene una deuda por reparación civil que asciende los 57 millones de soles. Cinco días después, el 3 de mayo, la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, a cargo en ese entonces de José Rubio Preciado, concluyó que su requerimiento “resultaría procedente”.

Rubio Preciado, que había laborado en el Gobierno de La Libertad en 2016 bajo la gestión de Luis Valdez Farías (APP), no supo explicar el sustento legal de su recomendación. «No me acuerdo sinceramente», indicó. En su informe, justifica que «el indulto suprime la pena impuesta», una interpretación que es tildada de «falsa» por el abogado penalista Andy Carrión.

Pero hay más. José Rubio apenas laboró tres meses como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo —cuyo salario era de 19 176 soles—. Fue destituido diez días después de recomendar que se otorgue pensión a Fujimori, actualmente procesado por el caso Pativilca y por el cual el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión en su contra. “Habría sido contratado exclusivamente para realizar el informe legal”, dice el reportaje.

Por si fuera poco, el sello final de la aprobación exprés de este requerimiento de pensión fue firmado por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Janette Figueroa Valdez, una trabajadora que, de acuerdo con la investigación periodística, milita desde de 2014 en Alianza para el Progreso.

El 10 de mayo, el jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y modernización. William Federico Alcántara Infantes, autorizó el desembolso de 156 000 para dar cumplimiento a la medida durante el 2024. Esta persona es doctor en Gestión Pública por la Universidad de César Vallejo y fue asesor principal del excongresista Richard Acuña Núñez en dos ocasiones. «Parece que la decisión de otorgar o no la pensión vitalicia a Fujimori siempre estuvo en manos de personajes allegados al partido de César Acuña”, concluye el dominical. RPP.