Mediante un comunicado indicaron que el trabajador involucrado en el hecho ya presentó su carta de renuncia, sin embargo, no se conoce quién es o a qué despacho pertenece.

El Congreso de la República inició una investigación preliminar para sancionar a quienes se vean implicados en el uso de una cámara de grabación durante el anuncio de la candidatura de Keiko Fujimori. El hecho, descrito como uso indebido de bienes de propiedad estatal para cubrir un evento proselitista de la lideresa de Fuerza Popular, ocasionó la renuncia de un trabajador del grupo parlamentario, sin embargo, no sé conoce de quién se trataría ni a qué despacho pertenece.

La denuncia que inició con la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, se centra en una posible infracción a las normas que regulan el uso de recursos públicos con fines partidarios o personales, lo cual representa una falta grave que atenta contra el principio de neutralidad que debe regir la administración pública.

La investigación fue dada a conocerse mediante un comunicado firmado por Oficialía Mayor y difundido por el parlamentario Fernando Rospigliosi. Este proceso iniciado desde el 31 de octubre, buscará establecer quién autorizó el traslado y uso del equipo estatal, cuál fue la participación exacta del personal público y si Keiko Fujimori o su equipo de campaña solicitaron o tenían conocimiento de este presunto servicio irregular.

«A fin de encontrarse responsabilidad administrativa y se sancione de manera inmediata a quienes incumplen con dicha normativa prohibitiva», se lee en el comunicado.

Por su parte, la agrupación Fuerza Popular ha intentado minimizar lo grave de las acusaciones, argumentando que el servidor involucrado en los hechos referidos ya habría presentado su carta de renuncia el sábado 1 de noviembre. Esto genera suspicacia, pues las solicitudes de renuncia son presentadas días hábiles y no fin de semana.

A pesar del comunicado del Congreso, las imágenes difundidas por Sol TV han mostrado que el partido Fuerza Popular estaría haciendo un uso inadecuado de los bienes del Estado, lo que podría configurarse en un caso de peculado de uso, lo que agrava la investigación iniciada por el Parlamento. Fuente RPP.