Gremios consideran que el mensaje del Ejecutivo pone en riesgo la estabilidad jurídica. Sostienen que el gobierno debe garantizar el Estado de Derecho para las inversiones privadas.

La suspensión del permiso de construcción del proyecto Tía María sigue generando reacciones. Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) , y Gabriel Amaro, director ejecutivo de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap) , coincidieron en que la decisión del Gobierno compromete la estabilidad jurídica del país y afecta a todos los sectores económicos.

Torriani explicó que aunque la población tiene derecho a protestar, “ello no es razón para dar marcha atrás en una decisión tomada de acuerdo a ley y que, sobre todo, se basó en el hecho de que la empresa cumplió con los requisitos que se le exigían”, explicó.

Esto estaría afectando la imagen del país, que bajo un contexto internacional complicado, busca incrementar las inversiones privadas.

Amaro coincide en que el Gobierno debe garantizar un Estado de derecho que otorgue la seguridad jurídica que buscan los inversionistas. “No dar una licencia y después retirarla o suspenderla”, sostuvo.

El gerente explicó que si el Gobierno no brinda reglas de juego claras, las inversiones migran a otros países.

Por ejemplo, en el caso del agro, las inversiones se están yendo a Colombia. “En minería es exactamente lo mismo. Tía María tiene todos los permisos; sin embargo, el Gobierno retrocede. Es una pésima señal no solo para la inversión minera, sino para todos los sectores”.

DATOS:

– El 8 de agosto, el Gobierno otorgó la licencia de construcción a Southern Copper Corporation. La empresa manifestó que no empezaría a operar hasta no solucionar los conflictos sociales.