El Poder Judicial declaró infundado el recurso presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo que buscaba el cese de su prisión preventiva, la cual cumple por el delito de presunta rebelión en agravio del Estado tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La decisión fue emitida por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el pasado 17 de septiembre. En su resolución, el magistrado señaló que la medida sigue siendo “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar la presencia del exmandatario en el proceso, ya que persisten riesgos de fuga y de obstrucción a la justicia.

La defensa de Castillo había alegado irregularidades en la prolongación de la prisión preventiva, argumentando que la Fiscalía no presentó una denuncia constitucional completa y que la medida se resolvió fuera del plazo inicial. Sin embargo, el juez precisó que estas observaciones deben presentarse mediante recursos legales o acciones constitucionales, y que el cese de la medida solo procede si existen nuevas pruebas que desvirtúen los riesgos procesales.

En paralelo, jueces de la Corte Suprema evalúan la posibilidad de añadir el delito de conspiración para rebelión al caso, lo que podría ampliar el marco acusatorio contra el exmandatario, aunque de momento se mantiene la acusación original.