La empresa minera Ares expresó su rechazo al anuncio de la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, sobre los acuerdos con la población de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) para “negociar el retiro y cierre de cuatro mineras (Apumayo, Sami S.A.C., Inmaculada, Pallancata)”. Afirmó que de concretarse esta medida se produciría un “acto ilegal”.

“La decisión de la primera ministra constituye no solo un atropello a la inversión privada y a la estabilidad del país, sino que, de concretarse, sería un acto absolutamente ilegal, pues se estaría desconociendo el estado de derecho y todos sus principios, además de dejar a miles de peruanos sin trabajo y a sus familias sin el sustento necesario para vivir”, señaló a través de un comunicado.

En el pronunciamiento, Ares también rechazó que las operaciones que realizan en las minas Pallancata e Inmaculada contaminen el medio ambiente, y afirmó que operan bajo los estándares ambientales bien altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera.

“Ejecutamos nuestras actividades en cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico vigente y contamos con todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo dichas actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas debidamente aprobados”, agregó.

La minera señaló que la actividad que ejecutan en ambas minas, situadas al sur de Ayacucho, es altamente regulada. En esa línea, detalló que son fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y otros organismos.

Ares añadió que un eventual cierre de sus operaciones afectaría los puestos de trabajo. Informó que la empresa da empleo a más de 5 mil peruanos de forma directa y aproximadamente 40 mil de forma indirecta.

“Asimismo trabajamos de manera permanente con las comunidades de nuestras áreas de influencia social, implementando, no solo proyectos de desarrollo social, sino también proporcionando trabajo local a través de la contratación de personal y de servicios especializados”, remarcó.

La minera hizo un llamado a la primera ministra, Mirtha Vásquez, “para que aclare de forma pública los alcances reales del acta suscrita en Cora Cora, y además, reconsidere la posición ilegal adoptada”.

“Igualmente, pedimos a las instituciones públicas y privadas que se pronuncien y no permitan que este atropello al estado de derecho se concrete”, finalizó.