Ministra Muñoz anotó que, de acuerdo al pliego de reclamos de los productores, su sector coincide con la necesidad de promover el uso de semillas, así como el acceso de obras de infraestructura y la asistencia técnica.
«La prioridad del gobierno del presidente Martín Vizcarra es impulsar la agricultura familiar, donde se concentra el 90% de los productores y está relacionado a la seguridad alimentaria de nuestro país», aseguró la ministra de Agricultura y Riego , Fabiola Muñoz.
En ese sentido, anunció que este martes recibirá en su despacho a los representantes de la Convención del Agro Peruano (Conveagro) y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, que junto a otros gremios del sector han anunciado un paro para este 13 de mayo.
La meta de este encuentro es definir una agenda conjunta de trabajo. «El diálogo es la mejor oportunidad de encontrar salidas a la problemática del campo», aseguró.
Así, se mostró optimista en que durante el encuentro con los gremios agrarios se lleguen a encontrar más coincidencias que discrepancia para sacar adelante el sector, resaltando la necesidad de definir una política pública para el agro que pueda ser seguida por los siguientes gobiernos.
Anotó que, de acuerdo al pliego de reclamos de los productores, su sector coincide con la necesidad de promover el uso de semillas certificadas para mejorar la calidad de la producción, así como el acceso de obras de infraestructura de riego para los pequeños productores y la asistencia técnica para acceder a mercados locales, nacionales y extranjeros.
Tras reiterar que su prioridad es la agricultura familiar, destacó la necesidad de reestructurar las políticas que se han dado en el sector para darle la importancia a este tema, ya que coincide, dijo, con las zonas de mayor pobreza rural y mayor incidencia de anemia.
«Nosotros como gobierno sí estamos dispuestos a hacer ese cambio estructural (en las políticas públicas)», aseguró para luego informar que su gestión retomará la estrategia nacional de agricultura familiar aprobada en el año 2015 pero cuyo plan se encuentra pendiente de aprobación.