El director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Cajamarca, Víctor Cusquisiban, alertó sobre el ingreso progresivo de financistas vinculados a la minería ilegal provenientes de la provincia de Pataz, en la región La Libertad. La presión policial y militar en esa zona habría generado el desplazamiento de estas redes criminales hacia diversos distritos cajamarquinos, donde ya se evidencia un incremento de delitos asociados a esta actividad ilícita.

Según la autoridad regional, las localidades más afectadas por esta expansión serían Cajabamba, Sorochuco, Sinchao, Chugur, El Tingo y San Ignacio, donde se han detectado también ciudadanos extranjeros —principalmente ecuatorianos y venezolanos— involucrados en estas operaciones.

Cusquisiban explicó que las organizaciones dedicadas a la minería ilegal no solo trasladan personal, sino toda su estructura criminal: logística, maquinaria, financiamiento y redes de extorsión. Esta situación estaría generando un clima creciente de violencia, amenazas, disputas territoriales y conflictos sociales.

“Este fenómeno es consecuencia directa de permitir que actividades ilegales avancen sin freno. Ahora estamos viendo cómo se replican en zonas vulnerables de Cajamarca”, sostuvo.

El funcionario detalló además el modelo de operación de estas mafias:

Participan tres actores: el propietario del terreno superficial, el titular de la concesión minera —que en algunos casos se involucra activamente— y un financista, quien aporta el capital y dirige toda la operación ilícita.

La expansión de estas redes ilegales coloca a varias provincias en una situación de alto riesgo, dada la limitada presencia del Estado en zonas rurales donde los grupos criminales aprovechan la informalidad y el descontrol normativo para consolidarse.

Ante este panorama, la DREM exhortó al Gobierno Central y a las fuerzas del orden a redoblar esfuerzos de interdicción y control permanente, con el fin de impedir que Cajamarca se convierta en el nuevo eje de minería ilegal en el norte del país.