Controversia. Pese a los dichos de empresarios farmacéuticos, según expertos y funcionarios del gobierno, los más perjudicados con la fusión de farmacias serán los consumidores.

El remezón generado tras la compra realizada por Inkafarma (InRetail) a sus ex competidoras Mifarma, BTL, Fasa y Arcángel no cesa. Ayer el ex presidente Alan García se convirtió en la primera voz en proponer una salida legal para deshacer la operación financiera que concentra el sector de distribución de medicinas en una sola empresa, y denunciar sus posibles perjuicios para los consumidores.

«Toda concentración es abusiva. Los medicamentos son muy caros en el Perú, pero lo serán mucho más si el 90% de las farmacias es propiedad de una sola empresa. Urge un Recurso de Amparo contra esto», dijo el líder aprista a través de su cuenta de Twitter.

Así, Alan García agitó más el ya movido escenario empresarial farmacéutico, abrumado por reacciones en el ámbito económico y político, pero sobre todo por temores en la población que urge de medicinas.

Debate abierto

«Se debe dar una solución legal –explicó por su parte el legislador aprista Javier velásquez–. Toda concentración es abusiva. Los medicamentos son muy caros en el Perú, pero lo serán mucho más si el 90% de las farmacias es propiedad de una sola empresa. Urge un recurso de amparo contra esto: primero, generar una legislación que evite posiciones de dominio de mercado y concentraciones de esta naturaleza. Segundo: debemos buscar mecanismos legales para fortalecer Indecopi y ver cómo ayudamos a las pequeñas farmacias para que puedan competir».

No obstante, para Robert Venero, socio del estudio Diez Canseco y ex coordinador legal de la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi, la envergadura y la dificultad del análisis del mercado, y en especial del sector de distribución de medicinas, no podría ser delegado a un juez tras solicitar una acción de amparo.

«Todo se puede cuestionar mediante una acción de amparo, pero a nivel internacional existe una herramienta para este tipo de situaciones: un control técnico, legal y económico. No imagino a un juez haciendo el análisis económico de determinación de mercado relevante, si este mercado incluye o no a boticas de barrio. Es un análisis bien específico, técnico y sofisticada que no creo que se hagan en un amparo», declaró a La República.