El Congreso de la República rechazó de manera definitiva otorgar una pensión vitalicia a la expresidenta Dina Boluarte, tras concluir que no cumple con los requisitos establecidos en la ley vigente para acceder a este beneficio.

De acuerdo con un informe del área de Asesoría Laboral del Parlamento, la solicitud presentada por Boluarte —apenas diez días después de dejar el cargo tras su vacancia presidencial en octubre de 2025— resulta improcedente por tres razones fundamentales:

No fue elegida por voto popular.

Asumió la Presidencia por sucesión constitucional.

Fue vacada por incapacidad moral permanente.

El documento precisa que la Ley N.° 26519, que regula la pensión vitalicia para expresidentes, solo es aplicable a mandatarios elegidos democráticamente que hayan culminado un periodo completo de gobierno, condición que no se cumple en este caso.

PEDIDO MILLONARIO QUEDÓ SIN EFECTO

La exmandataria había solicitado un pago mensual cercano a los 35 mil soles, monto establecido por la normativa para expresidentes. Sin embargo, el Congreso determinó que dicha ley no le es aplicable, cerrando así cualquier posibilidad de acceder a este beneficio económico.

Además de la pensión, Boluarte también solicitó otros privilegios como seguridad personal, asesor, vehículo oficial, combustible y seguro privado. No obstante, el informe parlamentario solo se pronunció sobre la pensión vitalicia, dejando en evaluación los demás pedidos.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS OTROS BENEFICIOS?

Según el analista parlamentario Martín Cabrera, mientras el Congreso no regule expresamente estos beneficios adicionales, podrían mantenerse por decisión administrativa del propio Parlamento. No obstante, aclaró que la pensión vitalicia es el único derecho claramente regulado por ley, y en este punto la negativa ya es definitiva.

Con esta decisión, el Congreso marca un precedente político y legal en torno a los beneficios que pueden recibir quienes llegan al poder sin haber sido electos en las urnas.