Alcalde del distrito afirma que el Gobierno no ha cumplido sus compromisos.

Porfirio Gutiérrez, alcalde de Challhuahuacho, Apurímac, señaló que, tras los acuerdos el pasado 9 de junio entre las comunidades, la minera MMG Las Bambas y el Gobierno, estos no se han llevado a cabo.

«Estamos cansados de este tema porque ya hubo varias denominaciones que hemos puesto en el proceso de diálogo desde el 2019, mesas de cumplimiento, mesas de diálogo, diferentes nombres, pero en realidad no avanzamos», señaló.

Los dirigentes de las comunidades retomarían desde hoy, lunes 11 de julio, sus medidas de fuerza, según pronunciamiento. «La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no responde», dijeron.

«Hay proyectos de inversión pública que se concretizaron el 2016 en el Decreto Supremo 05-PCM-2016. Se ha hecho un listado de 164 proyectos de inversión pública y actividades. De esa fecha al día de hoy, muchos no se implementan», señaló. Diario Expreso.

Según explica, el organismo se somete solo a lo señalado en la Constitución y en su ley orgánica.

El Tribunal Constitucional planteó eximirse de participar en el Consejo para la Reforma del Sistema Nacional de Justicia.

Con tal fin, el organismo que preside Augusto Ferrero presentó un proyecto de ley ante el Congreso que plantea derogar determinados incisos de los artículos 2 y 6 de la Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema Nacional de Justicia.

Entre los argumentos que sustentan la propuesta del Tribunal Constitucional menciona que su participación en el consejo, a través de su presidente, es incompatible con la función de control de la Constitución que desempeña.

Esto se debe a que en la ley 30942 se encomienda al Consejo para la Reforma del Sistema Nacional de Justicia «formular los criterios para la elaboración de la política nacional de reforma del sistema de justicia».
Diario Expreso.

El gobierno de Pedro Castillo promulgó un decreto supremo que crea la conformación de una comisión multisectorial que se encargará de elaborar el proyecto normativo de un nuevo sistema de pensiones, de cara a una cobertura previsional «digna y universal».

De acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo N° 081-2022-PCM, publicado en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, la referida comisión tendrá el encargo de elaborar un informe técnico de la propuesta, considerando la no afectación a la sostenibilidad fiscal, además de otro informe que contenga una evaluación real del sistema previsional peruano.

El grupo de trabajo estará conformado por el presidente del Consejo de Ministros; el viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el viceministro de Hacienda del MEF; el viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Además, un representante del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y un representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los integrantes de la comisión multisectorial contarán con un representante alterno (a) y el ejercicio de las funciones de los titulares y alternos (as) no representarán gasto al Estado, porque será ad honorem.

Según la normativa promulgada, la comisión está autorizada de solicitar información, colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión o aportes técnicos de voceros de la sociedad civil, y representantes de entidades públicas o privadas del ámbito nacional e internacional. La comisión multisectorial tiene un período de vigencia de seis meses, contado a partir de su instalación.

En los últimos años se han conformado diversas comisiones con miras a una reforma del Sistema Previsional Peruano, tanto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo; sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado una propuesta normativa consensuada con todos los involucrados.

En los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Perú, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida, así como el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas, y supervisa su eficaz funcionamiento. (Diario Expreso).