Fuerza Popular fue incorporado en la investigación contra Joaquín Ramírez por el delito de lavado de activos en el caso Alas Peruanas. El cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó que el partido de Keiko Fujimori forme parte del proceso a solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que Fuerza Popular habría recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, institución que estuvo dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales 2011 y 2016

En su hipótesis asegura que el partido fujimorista recibió, entre los años 2014 y 2015, la suma de 54 mil 536 65 soles; mientras que, en el 2011, aceptó un total de 210 mil soles. De igual forma, se registran aportes a su favor por la transferencia de dos inmuebles ubicados en la avenida Bucaré de la urbanización Camacho (La Molina) y en la avenida Arequipa (Miraflores).

De acuerdo a la indagación de la Fiscalía, en caso Fuerza Popular hubiera ganado las elecciones presidenciales, los aportes de Ramírez luego serían devueltos en beneficios e intereses personales.

«De haber alcanzado el Poder Ejecutivo, el partido habría tenido como objetivo retribuir dichos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables que permitieran el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas», detalla la Fiscalía en su hipótesis. Fuente: La República.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca comunica a la ciudadanía que, desde hoy, la nueva sede judicial del Qhapaq Ñan, ubicada en la Avenida Alameda de los Incas – Mz. B, Lote 2, sector Bellavista, se convierte oficialmente en la sede central que albergará progresivamente los principales módulos judiciales y administrativos que anteriormente funcionaban en distintos locales de la ciudad.

En este moderno espacio ya se encuentran brindando atención la Oficina de Atención al Usuario – MAU, el Centro de Distribución General (CDG) con atención al área penal y el servicio de recaudación y devolución de aranceles judiciales, así como el Registro Judicial de Condenas, la emisión de Certificados de Antecedentes Penales y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, funcionan la Central de Notificaciones, la oficina de Peritos Judiciales y el servicio de Control Biométrico para procesados y sentenciados en libertad.

El proceso de traslado se viene desarrollando de manera progresiva conforme al siguiente cronograma: del 29 al 31 de diciembre, se efectuó la mudanza de toda la sede administrativa del jirón del Comercio; del 6 al 9 de enero, corresponde a la sede judicial del Módulo Penal; del 12 al 14 de enero, la sede Buganvillas – Módulo Laboral; del 15 al 16 de enero, la sede Nogales – Módulo Laboral; y finalmente, del 19 al 21 de enero, se completará el traslado de la sede Zafiros – Módulo Civil.

Con esta importante modernización, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca reafirma su compromiso con una justicia más accesible, ordenada y eficiente, centralizando la atención en un solo local que marca un hito institucional para la región y el país.

La iniciativa promovida bajo Proyectos en Activos (PA) -y estructurado para ser transferido al sector privado vía un contrato de compra venta del terreno- se entregará por un plazo de 22 años.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) realizó, tras varios años finalmente, la adjudicación de la buena pro del Proyecto Parque Industrial de Ancón, la tarde del viernes 12 de diciembre.

Como se anunció previamente, la iniciativa demandará una inversión de US$ 1,261.34 millones y contempla la creación de un polo industrial moderno de 1,338 hectáreas con el fin de que se instalen en esa área empresas industriales y logísticas de diversas escalas.

El proceso

A esta instancia de análisis llegaron tres consorcios postores con propuestas técnicas válidas. Realizada la evaluación, se anunció la adjudicación del proyecto en favor del Consorcio Junefield Ancon Industrial Park, integrado por dos empresas: Junefield Holdings Limited y Loudi Engineering & Construction, ambas basadas en China.

El precio total ofertado por el terreno ascendió a los US$ 180′580,000, según se mostró en la transmisión del evento. El Gobierno se lo entregará al consorcio por un plazo de 22 años.

“Nos sentimos honrados de ganar este concurso. Nuestro grupo ha tenido mucho desarrollo en el área inmobiliaria en China. Acá en Perú nuestra inversión está, en su mayoría, en el área minera. Para nosotros es importante expandir nuestras inversiones a esta área industrial”, señaló el portavoz de este consorcio.

El hub Callao – Chancay no funcionará sin un sistema integral de provisión y tratamiento de agua: “Este será el primer puerto seco del Perú, un gran hub comercial y logístico que podrá conectarse directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con dos de los puertos más importantes de América Latina: Chancay y el Callao”, destacó el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, en una nota de prensa.

En entrevista con Gestión, Del Carpio consideró que el inversionista, de capitales de Hong Kong, “ya debe haber identificado empresas interesadas en ocupar el espacio del PIA”.

“Probablemente se inicie con pequeñas y medianas empresas, pero confiamos en que el modelo de negocio hará que crezca la industria. Como cualquier proyecto de magnitud, haremos un acompañamiento para consolidar esas inversiones”, precisó.

Aunque una de las limitantes de este proyecto era el acceso a servicios básicos, el panorama ha cambiado. Al respecto, detalló que, hace dos años, coordinando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, buscaron inversión privada para una planta desaladora en Ancón, lo cual consiguieron el año pasado.

“Una empresa muy importante convertirá agua de mar en potable para los clientes del PIA, que pagarán por ella”, mencionó a Gestión.

En el proceso también participaron: el Consorcio PIA, integrado por Intercorp Perú LTD, Urbi Proyectos SAC, Domus Hogares del Norte SAC e Indupark SAC, cuya oferta ascendió a los US$ 136′499,021.

El otro postor cuya propuesta técnica fue validada fue el Consorcio DC Infraestructura Integral & Desarrollo, conformado por Desarrollo Inmobiliario Marverde SAC, D&C Inmobiliaria SAC y Ecopacking Clamshells SA. Su oferta fue por US$ 107′727,168.

Un cuarto postor fue el Consorcio Parque Industrial Ancón, conformado por Guangdong Yuesheng Construction Engineering, Group CO y FLK Global Trading Perú SAC. Ofertaron US$ 67,418,000.

Desde la agencia también valoraron que más de 400,000 personas se verán beneficiadas con esta infraestructura moderna que permitirá agilizar despachos aduaneros, almacenamiento, consolidación de mercancías y operaciones comerciales para toda la zona norte de la capital.

Agregaron que este proyecto albergará a más de 200 empresas, organizadas en una red que dinamizará las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva del país. “El diseño de este gran proyecto permitirá la creación de más de 120,000 nuevos puestos de trabajo”, aseguró el ministro de la Producción, César Quispe.

Las claves del desarrollo del proyecto

La iniciativa es promovida bajo la modalidad de Proyectos en Activos (PA) y está estructurado para ser transferido al sector privado a través de un contrato de compra venta del terreno. Al tratarse de un PA, será la empresa a su cargo quien asuma el 100% de los riesgos en la inversión.

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Según indicaron previamente, el postor suscribirá los contratos correspondientes para realizar el diseño, financiamiento, construcción, habilitación urbana, promoción, administración, operación y mantenimiento del Parque Industrial de Ancón.

El contrato propone una compraventa del terreno con un compromiso de inversión. Esto implica que se han dividido en cuatro bloques los años totales de inversión. En cada uno de los años, la empresa garantizará una cantidad mínima de hectáreas habilitadas para uso industrial, entre otros componentes.

Años de retrasos

Cabe recordar que, inicialmente el proyecto fue lanzado por el Poder Ejecutivo en enero del 2021 y se esperaba adjudicarse en el segundo trimestre del 2022, pero la buena pro se fue retrasando por cerca de cuatro años.

Durante este tiempo no solo cambió la fecha de adjudicación, sino también el monto de inversión. Al principio, se estableció que demandaría una inversión de US$ 650 millones, para el desarrollo de suelo industrial en tres fases, con compromisos de inversión en un horizonte de 16 años.

Luego, el monto de inversión requerida se elevó a US$ 762 millones. Ante esto, el proyecto se postergó debido a que los postores consideraban que los montos propuestos por el Estado no alcanzaban las expectativas por el incremento en los costos de los equipos y materiales de construcción, que superaban el gasto estimado originalmente.

Ante ello, las constantes postergaciones, se indicó que se haría una revaluación del proyecto para incorporar algunas condiciones que mejoren el atractivo de la iniciativa.