La iniciativa benefició a más de 1500 niños de las comunidades en coordinación con autoridades locales e institucionales educativas

En el marco de las celebraciones por la Navidad, Gold Fields viene desarrollando esta semana una campaña navideña solidaria en beneficio de más de 1,500 niños y niñas de su área de influencia directa, en coordinación con las comunidades y diversas instituciones educativas locales.

La iniciativa está dirigida a menores que pertenecen a instituciones educativas de nivel inicial y primaria, programas como Vaso de Leche, PRONOI y PIED BAC, ubicados tanto en el área de influencia directa de la operación como a lo largo de la ruta de transporte de concentrado.

La campaña benefició a la Comunidad Campesinas de El Tingo, y caseríos como anexo Pilancones, Coymolache, Esmeralda Punta Hermosa, Cuadratura, la ciudad de Hualgayoc, así como Trucha de Oro, Empalme, Cobro Negro, Pampa Larga, Alto Perú, Quebrada Honda y el albergue de Salaverry, reafirmando el compromiso de la empresa con el bienestar y la inclusión social de la niñez en estas localidades.

Como parte de las actividades, se realizó la entrega de obsequios y juguetes, además de un show infantil con juegos, dinámicas y concursos que promueven la participación de niños y niñas. Asimismo, se llevó a cabo una chocolatada navideña acompañada, en la que los menores comparten junto a sus padres y docentes, fortaleciendo la integración comunitaria.

Esta campaña tiene como objetivo generar espacios de encuentro, alegría y unión, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto y el espíritu navideño, a través de la participación conjunta de las familias, las instituciones educativas y la empresa.

De esta manera, Gold Fields reafirma su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno, contribuyendo a llevar momentos de felicidad y esperanza a más de mil quinientos niños durante estas fechas especiales.

Transferencias de recursos a los distintos niveles de gobierno tienen el objetivo de financiar proyectos de inversión que mejoren la calidad de vida de la población

Al mes de octubre de 2025, las transferencias de recursos provenientes de la actividad minera a los departamentos alcanzaron los S/ 9,792 millones, correspondientes al Canon Minero, las Regalías Mineras y el Derecho de Vigencia y Penalidad, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM), informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El Canon Minero se consolidó como la mayor fuente de recursos, con más de S/ 6,992 millones transferidos a los distintos niveles de gobierno, situándose como el segundo mayor monto histórico registrado por este mecanismo, que proviene del 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras.

En lo que respecta a las Regalías Mineras, entre enero y octubre de 2025 se transfirieron más de S/ 2,542 millones. De este total, S/ 2,188 millones corresponden a Regalías Legales y S/ 354 millones a Regalías Contractuales. En cuanto al Derecho de Vigencia y Penalidad, a octubre de 2025, se transfirieron más de S/ 256 millones.

El MINEM destacó que los recursos transferidos a los departamentos de todo el país tienen como principal finalidad financiar proyectos de inversión y obras de impacto que mejoren la calidad de vida de la población a través de la gestión de los gobiernos nacionales, regionales y locales.

Al analizar la distribución por departamentos, Áncash se ubicó como el principal beneficiario, recibiendo S/ 1,780 millones (18.2% del total), seguida por Arequipa con S/ 1,263 millones (12.9%), Moquegua con S/ 1,022 millones (10.4%) y Tacna con S/ 975 millones (10.0%). En conjunto, estos cuatro departamentos concentran más de la mitad de las transferencias (51.5%).

El MINEM destacó que la minería ratifica su papel como motor del crecimiento económico nacional, por ello el sector reafirma su compromiso de seguir promoviendo una actividad minera moderna, responsable y articulada con los departamentos y la ciudadanía, clave para alcanzar un desarrollo sostenible y equilibrado que beneficie a todas y todos los peruanos.

La República/. – También pasan al retiro por causal de renovación de cuadros, 45 coroneles, 21 comandantes y 10 mayores. Entre los que han sido jubilados se encuentran el número dos y el número tres del Comando Policial, el jefe de Estado Mayor y el Inspector General, Jhonny Vélez Noriega y José Céspedes Muñoz, respectivamente.

El jefe de la Dirección de Investigación Contra la Corrupción (DIRCOCOR), general Luis Lira Limo, quien dirigió dos recientes y sonadas investigaciones, es uno de los 21 generales PNP han sido pasados al retiro.

El general Lira dirigió la investigación contra el dirigente de Alianza para el Progreso (APP), Óscar Acuña Peralta, y es hermano del candidato presidencial de este partido, César Acuña Peralta. Óscar Acuña, quien se encuentra prófugo de la justicia, es imputado por haber recibido sobornos del desaparecido propietario de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca, implicado en el escándalo de Qali Warma.

El general Luis Lira también estuvo a cargo del caso de la organización criminal “Los Socios del Callao”, presuntamente encabezada por el gobernador chalaco, Ciro Castillo Rojo. Se le atribuye a Castillo orientar contratos y autorizar pagos ilegales. La autoridad también se encuentra no habido.

El 31 de octubre de este año, durante el gobierno del presidente José Jerí, asumió funciones como Comandante General de la Policía Nacional, el teniente general Óscar Arriola Delgado, en medio de una ola de creciente criminalidad en Lima y varias regiones del país.

Dos meses después, a propuesta de Arriola y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, el mandatario Jerí autorizó el pase al retiro del jefe del Estado Mayor de la PNP, Jhonny Veliz Noriega, y del Inspector General de la PNP, José Céspedes Muñoz. Ambos corresponden a la Promoción Aguerridos 1988 de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Los otros dos tenientes generales dados de baja son el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, general Luis Gamarra Chávarry, y el jefe de la Dirección de Investigación Nacional de la PNP, general Zenón Loayza Díaz.

Ahora el nuevo Comando Policial, de acuerdo con el escalafón institucional, sería conformado por el actual titular de la Secretaría General de la PNP, teniente general Freddy López Mendoza; el jefe de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), teniente general Luis Flores Solís; el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), teniente general Augusto Ríos Tiravanti; y el jefe del Comando Operaciones de la PNP, teniente general Manuel Lozada Morales.

Fuentes consultadas expresaron extrañeza por el pase al retiro del general Luis Lira Limo, integrante de la Promoción Aguerridos 1993, uno de los cuadros más jóvenes de la Policía Nacional.

Lira recién había cumplido dos años de servicio en el grado, en comparación de otros generales de mayor antigüedad en la Policía Nacional, como es el caso del jefe de Recursos Humanos de la PNP, general Colin Sim Galván, quien se va por su cuarto año en el grado.

De acuerdo con las versiones recogidas, el general Luis Lira resultó “incómodo” para algunos dirigentes políticos salpicados por los casos de corrupción de Óscar Acuña Peralta y Ciro Castillo Rojo.

Al igual que el general Lira, el jefe de Séptima Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, es otro de los invitados al retiro por renovación de cuadros en la PNP. El general Felipe proviene de la Promoción Vencedores 1992 y el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, general Nilton Santos Viallata.

En la lista le sigue, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general Guillermo Llerena Portal y los generales Juan Delgado Romero, Aldo Ávila Novoa, Javier Gonzales Novoa, William Espinoza Vivanco, Luis Lazo Fernández, Luis Ortiz Casaverde, entre otros.

PASES AL RETIRO 2025

TENIENTE GENERAL

Véliz Noriega, Johnny.

Céspedes Muñoz, Carlos.

Gamarra Chávarry, Luis.

Loayza Díaz, Zenón.

GENERAL

Felipe Monroy, Enrique.

Lira Limo, Luis.

Ávila Novoa, Aldo.

Cabrera Ríos, Milton.

Delgado Romero, Juan

Espinoza Vivanco, William.

Gonzáles Novoa, Javier.

Llerena Portal, Guillermo.

Mori Ramachi, Carlos.

Mundaca Montenegro, Juan.

Ortíz Casaverde, Pedro.

Quiroz Grosso, Jorge.

Rodríguez Valles, Óscar.

Romero Wetzell, Carlos.

Silva Olivera, Raúl

Zelada Silva, Roger.

Lara Vergara, Marcos.

Lazo Fernández, Luis.

Vera Carbajal, Danilo.

Acosta Guillén, Maribel.

El Congreso de la República rechazó de manera definitiva otorgar una pensión vitalicia a la expresidenta Dina Boluarte, tras concluir que no cumple con los requisitos establecidos en la ley vigente para acceder a este beneficio.

De acuerdo con un informe del área de Asesoría Laboral del Parlamento, la solicitud presentada por Boluarte —apenas diez días después de dejar el cargo tras su vacancia presidencial en octubre de 2025— resulta improcedente por tres razones fundamentales:

No fue elegida por voto popular.

Asumió la Presidencia por sucesión constitucional.

Fue vacada por incapacidad moral permanente.

El documento precisa que la Ley N.° 26519, que regula la pensión vitalicia para expresidentes, solo es aplicable a mandatarios elegidos democráticamente que hayan culminado un periodo completo de gobierno, condición que no se cumple en este caso.

PEDIDO MILLONARIO QUEDÓ SIN EFECTO

La exmandataria había solicitado un pago mensual cercano a los 35 mil soles, monto establecido por la normativa para expresidentes. Sin embargo, el Congreso determinó que dicha ley no le es aplicable, cerrando así cualquier posibilidad de acceder a este beneficio económico.

Además de la pensión, Boluarte también solicitó otros privilegios como seguridad personal, asesor, vehículo oficial, combustible y seguro privado. No obstante, el informe parlamentario solo se pronunció sobre la pensión vitalicia, dejando en evaluación los demás pedidos.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS OTROS BENEFICIOS?

Según el analista parlamentario Martín Cabrera, mientras el Congreso no regule expresamente estos beneficios adicionales, podrían mantenerse por decisión administrativa del propio Parlamento. No obstante, aclaró que la pensión vitalicia es el único derecho claramente regulado por ley, y en este punto la negativa ya es definitiva.

Con esta decisión, el Congreso marca un precedente político y legal en torno a los beneficios que pueden recibir quienes llegan al poder sin haber sido electos en las urnas.

El expresidente Martín Vizcarra exigió a la Corte Superior de Justicia atender el recurso de apelación presentado por su defensa legal contra la condena de 14 años de prisión por el caso Loma de Ilo y Hospital de Moquegua.

La apelación fue interpuesta el 3 de diciembre último. A la fecha, la defensa de Vizcarra no ha sido notificada sobre la calificación de dicho recurso. Por esto, este 15 de diciembre presentaron una solicitud de proveimiento inmediato de recurso de apelación bajo responsabilidad funcional.

En el documento se precisa que han transcurrido seis días hábiles (12 días calendario) sin obtener respuesta. Esto pese a que según la Ley Orgánica del Poder Judicial los escritos se proveen dentro de las 48 horas de su presentación y «está prohibido expedir resoluciones dilatorias que no guarden relación con el sentido del pedido», se lee.

Frente a ese escenario, el exmandatario escribió en su cuenta oficial de X: «Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos».

En el documento también se advierte que, si el pedido no es atendido, se comunicará a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial y «a todas las instancias pertinentes», pues se estaría impidiendo a Vizcarra de ejercer sus derechos y cuestionar la decisión judicial. La República.

A pesar de que tuvieron 10 años de plazo para cumplir la exigencia, el Pleno del Congreso decidió beneficiar a más de 3.000 docentes de universidades que no cuentan con una maestría ni un doctorado, tal como lo exige la Ley Universitaria. Ellos podrán seguir enseñando en los claustros universitarios, sin tener esos grados académicos, siempre y cuando el Ejecutivo publique la autógrafa de ley.

La historia comenzó en julio del 2014 cuando se promulgó la Ley Universitaria, en cuyo artículo 82 se ordena que obligatoriamente los catedráticos deben poseer una maestría para el nivel de pregrado y un doctorado para el nivel de posgrado.

Así, para que los docentes de la antigua Ley Universitaria puedan cumplir con esa nueva exigencia, se estableció un periodo de cinco años que, al inicio, debía contarse desde julio del 2014. No obstante, y tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC), este se computó recién desde noviembre del 2015.

De esta manera, llegó noviembre del 2020 y, desde esa fecha, el Congreso extendió el plazo en diversas oportunidades porque aún había un 20% de catedráticos que no cumplía en las universidades públicas.

La última prórroga vencía este mes. Sin embargo, hace unos días, fueron más lejos. El último 3 de diciembre, el Pleno aprobó un dictamen, que agrupa cinco proyectos de ley, para incorporar una disposición excepcional en la Ley Universitaria, con el objetivo de que ahora sea opcional la exigencia de la maestría y el doctorado para los docentes que enseñaban antes de la actual Ley Universitaria. Eso no aplicará para quienes fueron nombrados o contratados después de julio del 2014, como ya venía ocurriendo.

Además de ello, el Pleno -con los votos de todas las bancadas- exoneró a los docentes de la antigua Ley Universitaria de tener esos grados académicos para al ingreso y el ascenso de la carrera pública. Estos cambios beneficiarán a los más de 3.000 catedráticos que no consiguieron una maestría ni un doctorado, a diferencia de los casi 13.000 que sí lo lograron en las universidades estatales.

Cuestionamientos

“Esta es una burla para los docentes que sí cumplieron con la exigencia; sobre todo, para los de las universidades privadas”, afirmó el director de Cappes, Jorge Mori, quien es conocedor del tema porque fue funcionario del Minedu.

Mori explicó que el problema es que las universidades públicas más emblemáticas, como San Marcos, Villarreal, UNI y Gonzaga de Ica, cuentan con un número alto de incumplimiento. “En la práctica, el Congreso está eliminando la obligatoriedad de tener maestrías y doctorados para ese grupo de catedráticos y eso es responsabilidad de los sindicatos y federaciones de docentes que no están comprometidos con la calidad universitaria”, sostuvo.

El especialista agregó que las universidades públicas no están viviendo una crisis presupuestal sino de gestión, por lo que están perdiendo estudiantes por la calidad de su oferta. “Migran a las universidades privadas porque no tienen buenos profesores, laboratorios ni equipamientos”. La República.

Ocho de los actuales congresistas de la bancada de Acción Popular buscaban reelegirse antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyera al partido de las Elecciones 2026, tras hallar irregularidades en los comicios internos de la organización. Tienen hasta el 23 de diciembre para ser inscritos como invitados en otro partido.

El partido político Acción Popular fue retirado de las Elecciones 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara sus elecciones internas, debido a que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneraron los principios de la democracia interna. En uno de los momentos más criticos del partido de la lampa, ocho de los actuales miembros de su bancada buscaban la reelección, pero, al estar impedidos por el JNE, corren contrarreloj en su intento por continuar en el Parlamento.

Ese es el caso de los legisladores María del Carmen Alva, Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Silvia Monteza Facho, Juan Carlos Mori, Hilda Portero López, Wilson Soto y Elvis Vergara, quienes buscaban ser reelegidos como diputados o senadores por el partido fundado por Belaunde Terry.

Sin embargo, no se les puede descartar aún. La posibilidad de que ocupen una curul en el 2026 dependerá ahora de los movimientos políticos personales y de los partidos que los quieran acoger en la recta final.

De acuerdo con el experto en temas electorales, José Villalobos, los actuales parlamentarios de Acción Popular que se encuentren afiliados al partido sí pueden postular por otra organización política. Para ello, primero deben recibir la invitación de otra agrupación. Luego, la dirigencia de AP deberá otorgarles el permiso correspondiente para que puedan ser candidatos por otra organización política.

Sin embargo, la principal dificultad que tendrán es el tiempo. El JNE estableció el cronograma electoral, en el cual se fija que el 23 de diciembre es la fecha límite para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos al próximo Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.

Es decir, cuentan con menos de diez días para concretar sus intenciones de reelegirse en 2026. Varios de ellos cuentan con cuestionamientos a su alrededor, tanto por su labor parlamentaria, como por tener investigaciones abiertas.

Es preciso resaltar que la resolución del JNE anuló tanto las elecciones primarias, así como la participación de los candidatos a presidentes, senadores, diputados y parlamento andino del partido. Asimismo, resaltó que dicha decisión es inapelable y definitiva. La República.

Cusco FC acompañará a Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sporting Cristal competirá en el torneo desde la Fase 2.

Celebración dorada. Cusco FC derrotó por 2-0 a Sporting Cristal este domingo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la final vuelta de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025, con lo que logró su clasificación directa a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

Tras la derrota por 1-0 en la final ida, Cusco FC tenía la obligación de ganar para remontar el global o forzar la tanda de los penales. En un cotejo que se extendió mucho más de los 90 minutos, el local se hizo del triunfo gracias a los goles Iván Colman (37′) y Facundo Callejo (56′).

Así, el conjunto cusqueño, desde su cambio de denominación (anteriormente era Real Garcilaso), logra por primera vez clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico Miguel Rondelli apostó por un plan ofensivo con la novedad es en su once de Aldair Fuentes, Marlon Ruidías y Pierre Da Silva. Por la visita, Paulo Autuori sorprendió con cambios, como la presencia de Diego Otoya desde el arranque o un sistema con tres hombres en la zaga.

El local abrió la cuenta a través del punto de penal, con el capitán Iván Colman superando a Diego Enríquez. El triunfo de Cusco FC se sentenció cuando Facundo Callejo conectó de volea tras un tiro de esquina y llegó a los 25 goles en la temporada.

Cusco FC se suma a Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la Fase 2 estará Sporting Cristal y Alianza Lima en la Fase 1. Estos elencos vivirán el sorteo de las fases preliminares el próximo jueves 18 de diciembre.

La acusación del Equipo Especial Lava Jato señala que el expresidente habría favorecido la concesión del proyecto IIRSA Norte y solicita una pena superior a los ocho años de prisión. El caso pasa ahora a control judicial para definir su avance.

La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial la acusación fiscal contra Pedro Pablo Kuczynski, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz y otros exfuncionarios por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. El caso está vinculado al proceso de promoción y adjudicación de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte) concedidos al sector privado entre 2003 y 2005.

La representante del Ministerio Público ha solicitado ocho años y medio de prisión para Kuczynski y José Ortiz, así como nueve años para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico. Todos son señalados de haber intervenido en decisiones que, según la tesis fiscal, favorecieron a empresas vinculadas al caso Lava Jato.

De acuerdo con el requerimiento acusatorio, Kuczynski habría aprovechado su posición como ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de ProInversión para sostener reuniones con Jorge Barata y favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, luego conformada como Concesionaria IIRSA Norte S.A. La Fiscalía sostiene que ese favorecimiento se materializó en la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en perjuicio del Estado.

El presunto acto de colusión habría generado un daño económico equivalente a US$ 108 millones 439 mil 773, monto calculado por el Ministerio Público como perjuicio directo al país. Con esta presentación, el caso pasa a etapa de control de legalidad, antesala del eventual juicio oral.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue registrado como postulante al Senado por el partido Fuerza y Libertad para las Elecciones Generales de 2026. De acuerdo con la documentación presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exmandatario lidera la lista senatorial por Lima dentro de la alianza integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú.

En una entrevista con RPP, Kuczynski confirmó su candidatura y señaló que busca obtener un escaño para contribuir a elevar el nivel del Congreso. «Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar», indicó. Fuente: La República.

Cerca de 100 policías de la Divopus Sullana están bajo procesos disciplinarios por presuntas infracciones muy graves, como violencia familiar, delitos comunes e irregularidades en documentos.

La Inspectoría General envió más de 40 expedientes a Piura recomendando el retiro de unos 60 efectivos. Otros 24 casos plantean disponibilidad temporal y 17 agentes ya están suspendidos, algunos con prisión preventiva.

Durante su visita, el ministro Vicente Tiburcio reafirmó la política de “tolerancia cero” y aseguró que los malos policías serán separados de inmediato.