El alcalde provincial de Hualgayoc participó en una importante reunión de coordinación con los comuneros del centro poblado de Atoshaico, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Dicha reunión tuvo como objetivo definir las fechas y mecanismos para dar continuidad a los trabajos de afirmado de la carretera que une las localidades de Portachuelo y Dinamarca.

Esta trocha carrozable, de más de 7 kilómetros de extensión, garantizará la transitabilidad vehicular en la zona, permitiendo un mejor acceso y reduciendo los tiempos de traslado.

El proyecto beneficiará a los productores agropecuarios, quienes contarán con una vía adecuada para transportar sus productos hacia los diversos mercados, dinamizando así la economía local.

Asimismo, esta carretera será un eje de conexión que favorecerá a diversas localidades del distrito de Huasmin, en la provincia de Celendín, fortaleciendo la integración regional.

Durante la reunión, el alcalde provincial destacó la importancia de trabajar de manera articulada con las comunidades, resaltando que este tipo de proyectos no solo representan infraestructura, sino también progreso y oportunidades para las familias.

Con la participación de más de 2,500 adultos mayores de la provincia de Hualgayoc, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc conmemoró el Día del Adulto Mayor en el campo deportivo Carlos Torres, en una jornada llena de música, baile, canto y arte.

La actividad tuvo como momento central el VII Concurso de Saberes Productivos, en el que 300 adultos mayores demostraron su talento en bailes típicos, canto de Yaraví, deportes, elaboración de platos tradicionales, tejido a callua, trenzado de sombrero e hilado a rueca. Los ganadores recibieron premios como enseres de cocina y reconocimientos especiales.

Las autoridades resaltaron la importancia de este sector de la población. El alcalde provincial manifestó: “Nuestros Adultos mayores son transmisores de sabiduría y experiencia; además, son los encargados de mantener unida a la familia, dar consejos y compartir sus experiencias de los años vividos”.

A su vez, Miguel Rojas Meléndez, jefe de la Unidad Territorial de Pensión 65 Cajamarca, expresó: “Ustedes son bibliotecas andantes que, a través de los saberes productivos, persisten a través de la música, artesanía, costumbres y cultura”.

La comuna provincial reafirmó su compromiso de fortalecer la inclusión social y promover un envejecimiento saludable y activo, resaltando la riqueza cultural que los adultos mayores transmiten a las futuras generaciones.Más de 2500 adultos mayores celebraron su día con arte, música y tradición en Bambamarca

Mediante un escrito presentado el pasado 7 de agosto por su defensa legal, Santiváñez pide que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar abierta sobre la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.

Juan José Santivañez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación que concluya la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del estado.

A través de un escrito presentado el 7 de agosto por su defensa legal, Santivañez solicita que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar abierta sobre la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.

En el escrito también se da cuenta que, el último 3 de julio, la defensa legal del también exministro del Interior solicitó a la Fiscalía que concluya con las diligencias preliminares relacionadas al caso y dicte la disposición correspondiente.

Con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta fujimorista para que los parlamentarios no puedan ser sancionados por hacer campaña política a poco de las Elecciones Generales 2026.

El Pleno del Congreso aprobó la propuesta fujimorista para que los parlamentarios puedan realizar campaña política durante la semana de representación sin ser sancionados. De esta manera, con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo modificó su reglamento que los habilita para hacer sus actividades políticas a pocos meses de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026.

Según el dictamen elaborado desde junio de este año en la Comisión de Constitución, que en ese entonces era presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi y ahora por su colega de bancada Arturo Alegría, se cambió el principio de neutralidad y los congresistas podrán «en ejercicio de sus funciones expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que se constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad».

Es importante destacar que la iniciativa legislativa había sido rechazada el 14 de agosto; sin embargo, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó una reconsideración a la votación y fue aprobada este miércoles 20 de agosto.

Las bancadas que aprobaron este proyecto de ley que modifica el reglamento del Congreso fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular. Sin embargo, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista se opusieron.

Durante la semana de representación, que consta de 7 días para que los parlamentarios se trasladen a sus provincias para recoger las necesidades de los peruanos, se les otorga una bonificación mensual de S/2.800.

César Hildebrandt calificó duramente a Dina Boluarte luego de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la demanda competencial que suspende las investigaciones en contra de la mandataria hasta el término de su gestión, calificándola de ser «políticamente, un asco». Para Hildebrandt, este fallo no representa una defensa de la institucionalidad, sino una maniobra que refleja el deterioro de la democracia bajo el actual Gobierno.

«¿Cuál democracia? ¿La que usted ha terminado de demoler permitiendo que el Congreso, del que usted es sirvienta, borre la separación de poderes y legisle para el crimen en todas sus facetas? Señora: no importa qué le puedan decir los minusválidos mentales que la rodean (empezando por Tintán Arana, su primer ministro). Lo que importa es lo que usted es, lo que usted ha hecho y hace, lo que usted pacta o rechaza. Y digámoslo claro, señora: políticamente, usted es un asco», dijo.

El periodista advirtió que la resolución, avalada por magistrados con vínculos políticos, no eliminará los cuestionamientos que pesan sobre la mandataria. Según su análisis, Boluarte terminará enfrentando los procesos que ahora se han paralizado, y mientras tanto se mantiene como una figura subordinada a los intereses del Congreso, el cual legisla en beneficio de mafias y redes de corrupción.

«Que un TC nombrado por el fujimorismo la trate de limpiar abogadilmente, señora, es un éxito pasajero. Cuando usted abandone el Palacio que no honra, tendrá que enfrentar las investigaciones que merece (…) Usted no es presidenta del Perú. Quien preside el país es una antología lodosa salida de los bajos fondos del Congreso. Esos son los que deciden la agenda, protegen a gente como usted», comentó.

En medio de la audiencia donde se evalúa la apelación a su condena por el caso Interoceánica, el expresidente Alejandro Toledo rompió en llanto al pedir ser trasladado a una clínica privada debido a su delicado estado de salud. Con la voz entrecortada, advirtió que enfrenta un cuadro de sangrado severo y solicitó que se ejecute la disposición del Tribunal Constitucional que ordena su atención en la clínica San Pablo.

“Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos (…) Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido (…) El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica”, expresó frente a los jueces, asegurando que toma hasta 16 medicinas diarias para controlar sus males.

El exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo, afirmó que los problemas médicos que hoy lo aquejan; entre ellos cáncer, hipertensión y crisis de ansiedad, se arrastran desde su etapa en Estados Unidos, pero que en prisión se han agravado con episodios de sangrado intermitente.

Toledo señaló que, pese a la resolución del Tribunal Constitucional, las autoridades penitenciarias aún no han cumplido con trasladarlo a la clínica San Pablo, centro que conoce su historial médico. Además, recordó que hace dos años presentó un habeas corpus para obtener atención especializada, pero este nunca fue resuelto.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se refirió a la demanda competencial que presentó Dina Boluarte, que busca frenar las investigaciones en su contra mientras ejerza funciones como la jefa de Estado del Perú. En ese sentido, durante una entrevista para RPP, Pacheco señaló que en el TC tienen una «decisión tomada» y que la resolución no «mira a la mandataria, sino a quien sea el presidente de la República».

La jefa de Estado presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para frenar las investigaciones en su contra por el caso Rolex por el presunto delito de enriquecimiento ilícito; el caso Cofre por el supuesto delito de encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón; las muertes en protestas durante el inicio de su Gobierno en diciembre del 2022; el caso cirugías por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de funciones.

«Puedo decir que ya terminó el debate. Estamos en etapa de firmas, que era lo que había costado llegar a ese acuerdo porque es un tema complejo que queríamos compaginar, por un lado, que se pueda fiscalizar, pero, por otro lado, que no se pueda abusar de esa facultad que tiene el Ministerio Público, que es importantísima, pero que se tiene que ejercer de acuerdo al cargo que ejerce quien esté en la presidencia», declaró Pacheco; sin embargo, no reveló la decisión final del TC hasta que sea publicado.

Luego, acotó: «Es una sentencia que no mira a la señora Boluarte simplemente, sino mira a quien sea el presidente de la República. Entonces, como decía, ya tenemos la decisión tomada».

La conductora de Sin Guion criticó a la presidenta Dina Boluarte por promulgar la Ley de Amnistía que favorece a policías y militares acusados de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la Ley de Amnistía que promulgó la presidenta Dina Boluarte junto con el Congreso. En ese sentido, Palacios recordó que, durante la dictadura de los noventa, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos hicieron una norma igual; sin embargo, todo acabó mal.

Es importante resaltar que la ley aprobada brinda amnistía a militares, policías y miembros de Comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Asimismo, la norma también establece que las personas mayores de 70 años condenados podrán salir en libertad.

«Pero esto siempre acaba mal. Y a la historia me remito. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos hicieron lo mismo en 1995. Les duró 5 años. Hicieron exactamente lo mismo, una ley de amnistía. Todo el grupo Colina salió en libertad, involucraron a los militares que le habían dado un golpe de Estado a Alberto Fujimori para decir que todos eran lo mismo cuando no eran lo mismo. Y el grupo Colina gozó de amplia libertad hasta que regresamos a la democracia. No se olviden de esa frase, vamos a regresar a la democracia. A todos los que están hoy en el poder, vamos a decirles eso con claridad. Y en ese momento estas cosas terminan muy mal, muy mal», enfatizó.

Por otro lado, Palacios recordó que los jueces del Poder Judicial no podrían aplicar la Ley de Amnistía porque reconocerían los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y utilizarían el control difuso en los casos referidos al tema.

«No creo que ni siquiera convenga a los que ya purgaron condena. Ni siquiera conviene a los que ya purgaron condena, pero así están las cosas en el Perú. Y a los jueces que juzgan graves violaciones a derechos humanos y que tienen formación en derechos humanos y que conocen la Convención Interamericana, recordarles cuál es su deber y su deber es el mismo que han ejercido en el caso de la ley de prescripción. No aplicar la ley. No aplicar la ley. Así de simple. Si el Congreso y el Ejecutivo decidieron proteger a asesinos, a torturadores, a violadores sexuales, el Poder Judicial no tiene por qué hacerlo porque tiene la salida del control difuso», recalcó.

La fiscal de la Nación criticó que «con toda pompa» la presidenta Dina Boluarte promulgara la Ley de Amnistía que, según dijo, beneficia a casi 900 «militares y policías que han cometido violaciones a los derechos humanos».

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma, el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes impulsaron la ley en el Parlamento.

Al respecto, la titular del Ministerio Público criticó que «con toda pompa» se haya promulgado una norma que consideró «un insulto a las víctimas de derechos humanos».

«El Congreso propone y se aprueba una ley por votación y se envía a la presidenta para que la observe y esa es una gran oportunidad, tuvo una gran oportunidad la presidenta. Yo siempre soy respetuosa, pero cuando veo, como en este caso de la Ley de Amnistía, que ayer [miércoles], con toda pompa, con todo festejo. Realmente eso ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos», destacó en entrevista con CNN en español.

La fiscal de la Nación señaló que la norma beneficiará a un promedio de 900 militares y policías procesados por cometer delitos en el referido periodo, entre ellos, imputados por casos emblemáticos como Manta y Vilca.

«Aquí no se trata de cuestiones políticas, es simplemente respeto a los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad y hay casos muy tristes, muy trágicos que se han producido entre los años 1980 y 2000, durante la guerra contra la criminalidad terrorista, pero también hubo excesos de algunos, aproximadamente 900, según se me ha alcanzado la cifra, de militares y policías que han cometido violaciones a los derechos humanos», aseveró.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 3:00 p. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo el exmandatario para que se le permita afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por este caso.

La Corte Suprema evaluará el jueves 21 de agosto el nuevo pedido del expresidente Pedro Castillo para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 3:00 p. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo el exmandatario para que se le permita afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por este caso.

La defensa legal del exjefe del Estado sostiene que, tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que no hay suficientes elementos de convicción para sostener la prisión preventiva dictada contra su patrocinado en este proceso penal y que además no se cumplen los requisitos establecidos en la ley para mantener vigente esta medida restrictiva.

Checkley Soria escuchará este jueves los argumentos del expresidente Pedro Castillo, desde el Penal de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, donde está actualmente recluido, así como de su defensa legal y del representante del Ministerio Público asignado al caso, a fin de emitir una decisión respecto a este pedido de cese de prisión preventiva.

En la actualidad, este proceso penal se encuentra en la etapa de juicio oral en la que el Ministerio Público pidió que se imponga al exmandatario la pena de 34 años, a raíz de este caso.

Sobre Pedro Castillo también pesa un mandato de prisión preventiva como parte de la investigación preparatoria que afronta por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.