La jefa de Estado hizo estas declaraciones tras inspeccionar la construcción de la nueva Escuela de Oficiales de la PNP en Chorrillos.

Durante una actividad oficial, la jefa de Estado lamentó que el Ministerio Público disponga la liberación de presuntos delincuentes, sin considerar el esfuerzo de la PNP.

La presidenta Dina Boluarte pidió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluar y sancionar con firmeza a los jueces y fiscales que liberan a delincuentes, al considerar que su accionar va en contra de los intereses de la patria y atenta contra la seguridad de todos los peruanos.

Hizo esta exhortación luego de que el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, le informara sobre un operativo realizado en un búnker en el distrito de Ate, donde se capturó a presuntos delincuentes extranjeros. Sin embargo, una fiscal dispuso la liberación de los 16 detenidos que habían sido puestos a disposición del Ministerio Público. RPP.

Pleno insiste en iniciativa que restituye depósitos de CTS a trabajadores del Estado con régimen 728. | Fuente: Andina

La congresista Rosselli Amuruz, autora de la propuesta, indicó que su iniciativa permitirá que los trabajadores del Estado recuperen su derecho del pago semestral de su CTS.

El pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad (96 votos) el dictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de ley que restituye los depósitos semestrales, comprendidos entre mayo de 2014 y octubre de 2015, de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Este beneficio se dará con cargo a los créditos presupuestarios y según disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal.

Asimismo, se plantea el pago de los intereses correspondientes, según la entidad financiera del trabajador.

“El cumplimiento de lo establecido en la presente ley corresponde a la función de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)”, refiere la iniciativa.

Son 235,677 personas que trabajan de manera directa en la actividad minera

La actividad minera en el Perú ha permitido generar 239,700 puestos de trabajo de manera directa para la población, durante el primer bimestre de este año, reflejando un incremento interanual de 0.4% respecto al promedio anual del 2024, señaló el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo con los indicadores registrados en el Boletín Estadístico Minero (BEM), el empleo generado por las contratistas representó el 69.9% de la participación total, lo cual significó un aumento de 3.4%, y en el caso de las empresas mineras, el 30.1%.

La posición líder la mantiene Arequipa con 33,468 trabajadores, mostrando un 14.2% de la participación total, en segundo lugar, la Libertad con 22,100 puestos de trabajo, reflejando un 9.4%; mientras que, Moquegua con 21,136 trabajadores y un 9% de participación, ocupa el tercer lugar.

Cabe mencionar las tres empresas que destacaron con cifras altas de empleo minero: Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa y Anglo American Quellaveco.

Con lo que respecta a la participación femenina en el subsector minero, son un total de 18,497 puestos de trabajo, representando un 7.8% del empleo total, mientras que el 92.2% corresponde a los 217,180 varones involucrados en actividades mineras.

El Minem, con la data recopilada, espera que el empleo minero directo se mantenga sobre los 230,000 puestos de trabajo por mes, durante los próximos meses del presente año. Fuente: Andina.

José Domingo Pérez saludó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, abriera una denuncia contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, por presunto abuso de autoridad. Sin embargo, cuestionó que la titular del Ministerio Público demorara mucho en tomar acciones.

«El hecho que el señor Juan Antonio Fernández Jerí tenga autonomía, no le da el privilegio de tener impunidad. Si él violó la ley penal, cometió un delito, si es un riesgo para los fiscales, entonces la señora Delia Espinosa está en la capacidad de solicitar medidas ante un juez porque ella lo está investigando por el caso Valquiria al formar parte de una estructura criminal en la que se apartó arbitrariamente al fiscal Rafael Vela por solicitud de otros investigados en ese caso», expresó en el programa ‘Las Cosas Como Son’ de RPP.

Domingo Pérez sostuvo que, pese a estar suspendido, no ha perdido la condición de fiscal. En ese sentido, criticó nuevamente que se le negara el ingreso al Ministerio Público para recoger sus pertenencias.

«¿Qué acción ha tomado la fiscal de la Nación para cautelar que los fiscales puedan desarrollar su labor de manera regular, al amparo del derecho, bajo el imperio de la Constitución? Se le ha permitido al señor Fernández Jerí precisamente que tenga toda esta actitud y las consecuencias están ahí a la vista: el caso de la fiscal Marita Barreto, mi caso y le puedo citar diversos casos a nivel nacional que afortunadamente, a partir de que puedo denunciar públicamente estas arbitrariedades, se están manifestando, mostrando su descontento de lo que está sucediendo en la institución del Ministerio Público», añadió. Fuente: RPP.

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, continuará siendo investigado en una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a raíz del caso Rolex.

Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró «infundado» el recurso de apelación de Oscorima Núñez para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 8 de julio del 2024, en la que declaró «improcedente» una solicitud de tutela de derechos que presentó para anular la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación, el 17 de mayo del 2024, en la que ordenó desacumular los hechos atribuidos a dicha autoridad regional en la investigación que se le seguía junto con la presidenta Dina Boluarte por este caso y remitir este extremo a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que proceda a su distribución al despacho fiscal llamado por ley.

La defensa legal de Wilfredo Oscorima demandaba que se revoque la decisión impugnada y se declare fundada su solicitud de tutela de derechos al sostener que la resolución apelada presenta defectos de motivación y se inobservó el derecho a la legalidad procesal penal y al plazo razonable, ya que el argumento de la Fiscalía de la Nación solamente está dirigido a fiscales distintos al fiscal de la Nación para procesos comunes, por lo que con esta decisión es factible dejar en indefensión a la mandataria ya que se atenta contra el principio de unidad de la investigación. Fuente: RPP.

Asciende a más de US$ 64,071 millones y registra un aumento de 17.4% (US$ 9,515 millones) en comparación a lo reportado en el 2024

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presenta la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025”, conformada por 67 proyectos mineros, que se desarrollan en 19 regiones y engloban una inversión de US$ 64,071 millones, con el objetivo de fomentar e iniciar actividades mineras como explotación o beneficio.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM, responsable del documento, destaca que la actual cartera registra un aumento significativo de 17.4% (US$ 9,515 millones) en comparación a lo reportado en la edición 2024 (51 proyectos – US$ 54,556 millones), y este incremento se debe en gran parte a la incorporación de 19 proyectos nuevos.

Los proyectos que se han sumado a la cartera son: Optimización Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Ampliación Shougang (US$ 900 millones), Ampliación Quellaveco (US$ 850 millones), Optimización Pallancata (US$ 511.5 millones), Optimización Constancia (US$ 500 millones) y Ampliación Contonga (US$ 362.2 millones), Ampliación Esperanza (US$ 300 millones), Reposición San Rafael (US$ 293.5 millones), Reposición Shahuindo (US$ 288.6 millones), entre otros, en conjunto estos proyectos suman US$ 7,607 millones.

Al comparar la presente edición de la cartera con la del 2024, resulta importante mencionar que 39 proyectos mineros conservaron su monto de inversión total de US$ 46,970 millones, lo que representa el 73.3% de la participación total.

Asimismo, el MINEM informó que un total de 9 proyectos modificaron sus montos de inversión, generando una diferencia de US$ 2813 millones, de los cuales 6 proyectos (Cañariaco, Zafranal, Tía María, San Gabriel, Ayawilca y Reposición Colquijirca) tuvieron una modificación al alza, debido a las actualizaciones en sus estudios conforme al avance y nivel de ingeniería de los proyectos.

Cabe precisar que, entre fines del 2024 e inicios del año 2025, el proyecto Romina inició la ejecución de las inversiones para su desarrollo, completando el 100% de los trabajos preliminares; por su parte, los proyectos Reposición Antamina (US$ 1604 millones) y Reposición Tantahuatay (US$ 127 millones) se encuentran próximos a ejecutar las inversiones principales, luego de obtener sus certificaciones ambientales.

El MINEM señala que la actividad minera se mantiene como una de las más importantes para la economía nacional, generando recursos para las regiones, posibilitando el financiamiento de proyectos y obras públicas en los lugares del país donde se asientan las operaciones mineras, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de millones de peruanos.

La presidenta presentó el pedido a través de una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. Su viaje al Vaticano depende ahora de la votación del Congreso de la República.

Tras el fallecimiento del papa Francisco el pasado 21 de abril, la presidenta Dina Boluarte presentó una solicitud al Congreso para viajar al Vaticano y asistir al funeral del sumo pontífice. El pedido fue formulado mediante una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y ya se encuentra en manos del Congreso de la República. Será el voto en el Pleno del Congreso el que determine si la mandataria podrá viajar a Europa para rendir el último homenaje al sacerdote jesuita.

«La presencia de la señora presidenta de la República en las honras fúnebres del sumo pontífice constituye un gesto de respeto, gratitud y cercanía del pueblo peruano con la Santa Sede y con el legado pastoral y humanitario del Papa Francisco. Conforme a los lineamientos de nuestra política exterior, el Perú debe mantener una presencia política en los acontecimientos que resulten gravitantes para el escenario internacional, aún más cuando hay una cercanía como con la Santa Sede», señala Boluarte en la exposición de motivos.

Antes de las 24 horas de plazo de convocatoria se ha convocado a un pleno de urgencia a fin de darle permiso a Boluarte de irse al Vaticano. El viaje de Boluarte se realizará del 24 al 28 de abril. Durante su viaje, Boluarte se encargaría de sus atenciones como presidenta de manera remota.

Cabe mencionar que, en su mensaje a la Nación, la jefa de Estado había anunciado que mandaría una delegación peruana en representación del país para las exequias del santo padre. Pese a ello, ahora Boluarte ha solicitado el pedido correspondiente para asistir ella misma a la Santa Sede. La República.

En la denuncia también están incluidos sus exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora. Todos están involucrados por el presunto delito de colusión agravada.

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó este martes una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, así como a su exministra María Antonieta Alva y Víctor Zamora como presuntos autores del delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Según el Ministerio Público, dicha denuncia se sustenta en la reunión que se habría realizado en la sede del Ministerio de Economía el pasado 18 de marzo de 2020, en la que se habría concertado, con representantes de empresas privadas, la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19; así como la emisión de normas en las políticas de salud del Estado para que se habilite el uso de esos productos en el país.

La Fiscalía señaló que tanto Martín Vizcarra como María Antonieta Alva, en ejercicio de sus funciones, concertaron con las empresas Nipro Comercial Corporation y Multimedical Supplies SAC para que estas sean beneficiadas con la adjudicación de compras de pruebas rápidas; acto que se materializó a través de la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo, generando condiciones para que el proceso de contratación sea direccionada con la finalidad que las empresas en mención ganen la adjudicación. RPP.

Como parte del XXXI Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible que desarrolló la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera

Más de 100 estudiantes y egresados de educación superior de diversas carreras profesionales, fueron instruidos sobre las actividades de remediación ambiental y exploración minera, en las instalaciones de la Unidad Minera Colquirrumi, actualmente en etapa de cierre de minas, en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca).

En Colquirrumi funciona el Centro de Investigación y Estudios Minero Ambiental (CIEMAM) donde los participantes realizaron una visita técnica, como parte de la XXXI edición del Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible que desarrolló los días 11 y 12 de abril, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Los participantes conocieron “in situ” las labores que desarrolla el CIEMAM, empresa social dedicada a la investigación y estudios minero-ambientales responsable del pos cierre de 440 componentes de la mina Colquirrumi, entre bocaminas, depósitos de desmonte, relaveras, tajos abiertos y rajos exploratorios, entre otros tipos de labores, en su compromiso de “transformar pasivos ambientales mineros en activos ambientales y de desarrollo social”.

Ataviados de implementos de seguridad, los pasantes ingresaron a la mina Colquirrumi y transitaron por galerías subterráneas, donde fueron informados sobre las operaciones unitarias de minería como perforación, voladura, sostenimiento y seguridad minera, además del desarrollo de actividades de geología de minas.

Un día antes de esta visita, la instrucción teórica de este taller se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), con el propósito de promover conocimientos relacionados a la minería moderna, responsable y sostenible, además de fortalecer sus capacidades técnicas y personales.

“El objetivo es fomentar el cierre de brecha informativa, mediante la articulación entre Estado-comunidad-empresa, para prevenir los conflictos sociales y se mantenga una relación pacífica entre los actores del subsector minero”, señaló Mayra Figueroa, jefa de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera del MINEM.

Cabe precisar que participaron en este taller estudiantes de las carreras profesionales de Derecho, Sociología e Ingeniería en sus diversas especialidades, provenientes de la UNC, Universidad Privada del Norte, Cetpromin, Senati y representantes de las organizaciones Amautas Mineros, WIN Perú, Openmind, SME-UNC, ASIMET, entre otros.

En abril se leerá la sentencia por lavado de activos, que será apelada a segunda instancia y podría llegar a la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. La defensa señala que la fiscalía no ha podido probar los presuntos aportes de Venezuela y Brasil. La fiscalía insiste en una condena de 20 y 26 años de prisión.

El primer final: 8 de abril de 2025. Al cabo de 15 años de investigación, que incluyen más de tres años de audiencias del juicio público, los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado, Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias darán a conocer su veredicto en el proceso que se sigue a la ex pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, familiares y colaboradores del Partido Nacionalista Peruano, por presunto delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal.

Hablamos del primer final, pues el veredicto será apelado para su revisión por una Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y, luego, puede llegar, vía recurso de casación, a la Corte Suprema de Justicia y, mucho más tarde, a través de un habeas corpus, hasta el Tribunal Constitucional, que podrían sumar otros cuatro años, para un desenlace final. Las apelaciones pueden llegar desde los procesados o el Ministerio Público.

Este será el primer caso en que los jueces se pronuncien sobre el delito de lavado de activos a través de los gastos en las campañas electorales, por lo que la decisión que tomen los jueces podría volverse crucial en otros casos similares que involucran a ex presidentes y candidatos presidenciales desde el 2006 hasta el 2016. Una sentencia condenatoria a pena de prisión efectiva no se ejecutará de inmediato. Habrá que esperar el resultado de la apelación, para si alguno de los procesados es detenido e ingresa a prisión. En caso de una absolución, es probable que la Corte Suprema resuelva que se repita el juicio. La República.