La fiscal de la Nación solicitó la reprogramación “para la próxima semana” de la citación en este grupo de trabajo. Patricia Benavides pidió a la Comisión de Fiscalización “precisar y delimitar de manera concreta el asunto de interés público” por el que ha sido convocada.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no acudió esta mañana a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que la había convocado para una sesión extraordinaria para que responda sobre su “presunta vinculación a una organización criminal” en el Ministerio Público.

La citación, remitida en la víspera por el presidente de este grupo de trabajo, Wilson Quispe (Perú Libre), convocaba a la titular del Ministerio Público para las 8:00 a.m. de este jueves, 30 de noviembre, en el Palacio Legislativo.

Sin embargo, en el inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización indicó que “lamentablemente” el Ministerio Público envió un oficio solicitando la reprogramación de la citación de Benavides para “la siguiente semana”. En el documento, la fiscal de la Nación pidió, además, “precisar y delimitar de manera concreta el asunto de interés público” por el que ha sido convocada a este grupo de trabajo legislativo. Fuente: RPP.

La Municipalidad Distrital de Hualgayoc, la empresa minera Gold Fields y el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se han unido para llevar a cabo una campaña de sensibilización destinada a prevenir la violencia contra las mujeres en Hualgayoc. Esta iniciativa, que ha incluido a estudiantes, mujeres y hombres de la localidad, se ha desarrollado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante la campaña, se realizaron diversas actividades, entre las que destacaron charlas de sensibilización en colegios, una jornada deportiva de vóley mixto, una misa y vigilia. Estas acciones estuvieron orientadas a fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de erradicar la violencia de cualquier tipo.

Lenni Pisfil, coordinador del Centro de Emergencia Mujer de Hualgayoc, agradeció la cooperación constante a nivel local. «Agradezco la coordinación que mantenemos a nivel de gobierno local con la municipalidad y la empresa Gold Fields, en el marco de la campaña ¡Actuemos Ya!».

Por su parte, Laura Delgado, jefa de Cultura y Marca Empleadora de Gold Fields, expresó su agradecimiento a la Municipalidad Distrital de Hualgayoc y resaltó el compromiso de la minera con la política de cero tolerancias hacia cualquier forma de violencia. «En Gold Fields decimos: ‘Tolerancia Cero’, rechazamos cualquier tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Trabajamos conjuntamente con la municipalidad, el Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones para difundir mensajes de sensibilización y proporcionar herramientas para prevenir la violencia».

El evento no sólo promovió la actividad física y el trabajo en equipo, sino que también se centró en concienciar sobre la necesidad de construir una sociedad libre de violencia, donde cada individuo juegue un papel activo en su prevención y cambio.

La fiscal de la Nación deberá exponer argumentos en su defensa. Congresistas han pedido que se le suspenda de sus labores.

Luego que se dieran a conocer unos chats que demostrarían que la fiscal de la Nación pertenece a una presunta red criminal de tráficos de influencias en el Ministerio Público, el Congreso pidió, a través de la comisión de Fiscalización y Contraloría, citar a Patricia Benavides con carácter de urgencia para que explique su vínculo.

«Se procede a invitar a la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, a una sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que, con carácter de urgente, tenga a bien explicar su presunta vinculación con una organización criminal que operaría en la Fiscalía de la Nación y de la que sería cabecilla», se lee en el documento enviado.

Por otro lado, el congresista Jaime Quito pidió a la Junta Nacional de Justicia suspender de sus labores a Benavides en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

«Evidentemente, lo que está pasando en el país es preocupante y creo que es meritorio que todos podamos actuar. (…) La Junta Nacional de Justicia puede, a la fiscal, empezar un proceso de destitución y mientras tanto suspenderla del cargo. No podemos continuar en esta situación, se afecta a la población, se afecta al país. Cómo la corrupción está corroyendo a las instituciones. Invocamos a la Junta a usar los artículos que están en su ley orgánica», declaró a Canal N.

La Junta Nacional de Justicia se declaró en reunión permanente, por lo que deberá admitir el documento enviado por el parlamentario y tomar una decisión al respecto. La República

Equipo de policías que dirige el coronel Harvey Colchado, y que trabaja a órdenes de la fiscal Marita Barreto, captó a un “agente especial” infiltrado en el Congreso que chateaba con el asesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, para coordinar la elección del defensor del Pueblo, inhabilitación de Zoraida Ávalos y destitución de la JNJ.

Probablemente se trata de un legislador, o quizás de un asesor del Congreso, pero lo cierto es que el “agente especial” que captó el Equipo Especial de la policía que dirige el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní mantenía comunicación directa y fluida con ‘El Filósofo’, como era conocido entre amigos el asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Era su “ojos y oídos”, o como él mismo decía a los congresistas, “el único autorizado a hablar en nombre de la fiscal de la Nación” Jaime Villanueva Barreto.

En la tarde del domingo 26 de noviembre, Patricia Benavides se enteró de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que ella misma había formado al poco tiempo de asumir funciones para investigar los casos del expresidente Pedro Castillo, había conseguido una resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, el 25 de noviembre, autorizando la detención de ‘El Filósofo’.

En el mismo documento se incluye un esquema donde Benavides aparece como cabeza de una organización criminal compuesta por sus asesores, que actuaban como operadores de sus presuntos actos ilícitos: Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.

En un intento por tratar de reducir el impacto que tendría la difusión del caso contra ella y sus asesores, Benavides llegó a su despacho de la avenida Abancay y emitió dos resoluciones. La primera, dando por terminadas las funciones de la fiscal Marita Barreto como coordinadora del EFICCOP. Esto fue por tres razones: la primera, porque Barreto autorizó la investigación; segundo, porque el fiscal a cargo, Freddy Niño, es parte del equipo; y tercero, porque el coronel Harvey Colchado trabaja bajo sus órdenes.

Precisamente, el equipo policial de Colchado fue el que captó al “agente especial”, con quien ‘El Filósofo’ coordinaba todas las acciones con los congresistas que serían parte del complot que había montado Patricia Benavides para continuar en funciones como fiscal de la Nación.

La segunda resolución que tomó Benavides entre las 8 de la noche del domingo 26 y las 4 de la mañana del lunes 27 fue destituir a ‘El Filósofo’ Jaime Villanueva, quien, al enterarse de que había perdido el respaldo de la fiscal de la Nación, y tratar de evitar la detención, fraguó una dolencia para internarse en la clínica San Pablo, en Santiago de Surco.

El caso se inició hace medio año, cuando el 5 de mayo el fiscal Freddy Niño inició una investigación por 36 meses por los delitos de organización criminal y trabajo de influencias. Lo que determinó la decisión del fiscal fue que el equipo policial del coronel Harvey Colchado había logrado reclutar a un “agente especial” que era un contacto de importancia para Jaime Villanueva en el Congreso. La República

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato dijo que es «insoportable» que Benavides Vargas continúe como fiscal de la Nación, y cuestionó la designación de Marena Mendoza como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales.

El fiscal José Domingo Pérez se pronunció respecto a la continuidad de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, luego de que se hiciera público que viene siendo investigada por el presunto delito de organización criminal junto a tres de sus asesores.

“Esto que está viendo es parte de que la legitimidad de la institución está en cuestionamiento. No puede haber una persona liderando una institución que es tutelar de la sociedad. La crisis de representatividad que se está viendo es producto de la jefatura de la fiscal de la Nación”, sostuvo.

«Está visto que es insoportable en el cargo la señora fiscal de la Nación. Lo que está generando es que las investigaciones puedan ser enturbiadas y no puedan llegar a las conclusiones adecuadas. Lamentablemente, esto no es lo que se merece la institución”, agregó.

En eser sentido, José Domingo Pérez señaló que «a nivel de la Junta de Fiscales Provinciales Titulares», ya se ha «emitido un comunicado manifestando la preocupación que tenemos por la institución”.

Cambio de coordinación en el Equipo Especial de Fiscales

Por otro lado, José Domingo Pérez manifestó su preocupación por la designación de la fiscal Marena Mendoza Sánchez como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, en reemplazo del fiscal superior Rafael Vela Barba, quien fue suspendido por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.

“Estamos preocupados, estamos en pleno juzgamientos. Afecta seriamente, ya hemos visto los antecedentes de las decisiones que adoptó la fiscal de la Nación, removiendo a la fiscal que investigaba a su hermana, el reemplazo pidió el archivamiento del caso. Y no solo es ese (…), sino también del juicio oral que se siguió contra los Sánchez Paredes por lavado de activos y tráfico de drogas, en donde fue removido el fiscal que estaba llevando la sustentación y lamentablemente lo absolvieron”, señaló José Domingo Pérez.

Como se sabe, el día de ayer, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que da por concluida la designación en sus cargos de Vela Barba, y que nombra a los fiscales que lo reemplazarán en la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales, y en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Por su parte, el fiscal Juárez Atoche: también se pronunció sobre la designación de nueva coordinadora del Equipo Lava Jato: “Es algo que se venía venir porque cuando el fiscal Vela pidió una licencia por 4 días, ella fue encargada de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales, y es una fiscal superior cercana a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Lógicamente, por la confianza, le iban a encargar el despacho de la coordinación”. Fuente: RPP

La semana empezó con una investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente encabezar una organización criminal, y la detención de uno de sus principales asesores. La noticia no dejaba de retumbar en diversos sectores cuando Benavides Vargas anunció que presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola.

«Nuestro mandato es el defender los derechos ciudadanos y los intereses públicos, así como perseguir el delito y que ningún crimen quede sin ser investigado, permitiendo que la justicia se aplique caiga quien caiga, pese a quien le pese».

El 2 de junio de 2022, tras jurar al cargo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, prometió que ningún delito quedaría sin ser investigado. Un año y cinco meses después ella es investigada por presuntamente aprovechar el cargo para evitar otras investigaciones que se hacen en su contra.

Según una investigación policial, Benavides Vargas encabeza una organización criminal que tiene como brazos operativos a su principal hombre de confianza: Jaime Villanueva, quien fue detenido preliminarmente en una clínica local, a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto.

Según la tesis de la fiscal Barreto, que fue atendida por el juez Jorge Chávez Tamariz, Jaime Villanueva fue el intermediario de la Fiscal de la Nación para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo. A cambio de ello, Benavides archivaría una serie de denuncias penales contra legisladores.

La detención de Jaime Villanueva fue ordenada por diez días. La medida judicial también incluyó el allanamiento de las viviendas y oficinas de Miguel Ángel Girao Isidro, funcionario del Ministerio Público, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, ambos vinculados a Patricia Benavides.

Patricia Benavides dijo que su despacho prestará su colaboración para el esclarecimiento de la denuncia que la involucra, la misma que calificó como un acto de represalia por las investigaciones que ella encabeza. En otro momento, dijo que continuará con las investigaciones que tiene entre manos, entre ellas contra la presidenta Dina Boluarte y algunos de sus ministros, a quienes denunció constitucionalmente por las muertes ocurridas a inicio de su gestión

“Asimismo, informo, que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otros, y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo y otros”, indicó en un video grabado. Fuente: RPP

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MCVS) formalizó la transferencia de 77 millones 306 mil 788 soles para financiar 10 obras de saneamiento rural que beneficiarán a 7,014 pobladores de seis regiones.

Los recursos viabilizados a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural serán transferidos a las municipalidades distritales de Sondorillo (Piura), Corani (Puno), Coata (Puno), Achaya (Puno), Magdalena (Cajamarca), Molinopampa (Amazonas) y Namora (Cajamarca), respectivamente, y a las municipalidades provinciales de Pachitea (Huánuco), Requena (Loreto) y Marañón – Huacrachuco (Huánuco).

La mayoría de obras corresponden al mejoramiento e instalación del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento y la disposición sanitaria de excretas. La transferencia se formalizó mediante la publicación de la Resolución Ministerial Nº 499-2023-VIVIENDA.

Otras transferencias

Asimismo, el MVCS autorizó la transferencia de otros S/ 515 mil 863 para la implementación y operación de la Unidad Ejecutora de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

La Resolución Ministerial N° 500-2023-VIVIENDA alude que la transferencia se realizará con cargo al presupuesto del Programa Nacional de Saneamiento Rural y otras unidades del Gobierno Nacional.

En tanto, se autorizó la transferencia financiera a favor, también de la Contraloría General de República por S/ 368 mil 538 para cubrir el pago del 100% de la retribución económica para la contratación de la Sociedad Auditora a cargo de la auditoría financiera gubernamental del período 2023 (Resolución Ministerial N° 502-2023-VIVIENDA).

Avanzando en el cierre de brechas de acceso a la energía, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que, desde enero a noviembre de 2023, concluyó 16 proyectos de electrificación rural en las regiones de Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco y San Martín, los cuales representaron una inversión de S/ 116 millones y permitieron beneficiar a más de 45 mil habitantes de 281 localidades.

Con estos proyectos, impulsados por la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del MINEM, se ha logrado incrementar la cobertura eléctrica rural a nivel nacional, asegurando un servicio eléctrico continuo y de calidad para beneficio de miles de familias de escasos recursos.

Entre las obras concluidas, destaca el proyecto “Electrificación integral de la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad”, beneficiando a 9,568 habitantes de 129 localidades de la provincia de Santiago de Chuco, con una inversión que supera los S/ 29 millones.

Asimismo, el proyecto “Mejoramiento del servicio de electricidad con sistema de generación diésel a través de un sistema centralizado de generación fotovoltaica, en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena, región Loreto”, permite dotar de servicio eléctrico a 1,648 habitantes de la localidad de Bretaña, con una inversión que supera los S/ 16 millones.

El MINEM señala que el desarrollo de proyectos de electrificación rural tiene carácter prioritario para el actual Gobierno, ya que inciden directamente en la mejora de la calidad de vida de la población beneficiada, así como en el impulso a sus actividades productivas y a la industrialización de zonas más alejadas del país, generando nuevas oportunidades de desarrollo.

Finalmente, el MINEM informó que cuenta con cartera de 118 proyectos de electrificación rural que ejecutará a nivel nacional hasta el 2026, con una inversión de S/2,299 millones, en beneficio directo de 827 mil habitantes de las zonas más vulnerables, con los cuales se espera alcanzar una cobertura del 96% en electrificación de los sectores rurales.

Plataforma virtual tiene como objetivo monitorear y recolectar hechos de violencia contra las mujeres en toda la región

La vicegobernadora Magda Farro Sánchez hizo el lanzamiento del Observatorio Regional contra la Violencia de Género y Trata de Personas. Dicha plataforma virtual tiene como principal objetivo monitorear, recolectar, producir y sistematizar información sobre el cumplimiento de las políticas y compromisos en materia de violencia de género.

“Este trabajo tendrá datos oficiales registrados por la policía, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras entidades comprometidas en la lucha contra la violencia en las mujeres”, aseguró Magda Farro.

Los datos estarán dispuestos en el siguiente enlace https://n9.cl/gd63q y todos los internautas podrán conocer de cerca la estadística de estos hechos, asimismo encontrarán ayuda para denunciar actos de violencia.

«Todos estamos invitados a ser partícipes en la lucha contra la violencia, no podemos convivir con este flagelo social, es momento de alzar nuestra voz» finalizó Fany Godoy, gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, exige al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) el pago de más de S/48 mil por concepto de pago de beneficios laborales y sindicales, en un proceso legal que inició el 2021, según información del dominical Panorama.

La jefa de Estado trabajó en el Reniec entre el 2007 y el 2022. Sin embargo, ella participó como candidata al Congreso en las elecciones complementarias extraordinarias del 2020 por el partido Perú Libre. Tras no obtener un escaño parlamentario, inició la demanda contra su centro laboral, donde se desempeñaba como jefa encargada de la Oficina Registral Surco-Higuereta.

En dicha demanda «sobre desnaturalización de contrato de locación de servicios e ineficacia del contrato administrativo de servicios», exigió el pago de beneficios convencionales y sociales, como «compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar», por la suma de S/428 905.87.

Beneficios sindicales

En su demanda, Boluarte Zegarra indica, entre otras cosas, que le correspondía, «por su condición de CAS», beneficios como «bono por cierre de pliego, canasta de navidad, uniforme, bonificación por cierre de pliego, aumento de canasta de navidad».

Como parte del proceso, el 25 de noviembre del 2021 se realizó una audiencia de conciliación entre ella y el Reniec para lograr un acuerdo. Sin embargo, Dina Boluarte se mantuvo en el monto económico que exigía y no se pudo arribar a una conciliación.

Unas semanas después, el 30 de diciembre, el Poder Judicial ordenó que el Reniec le pague cerca de S/300 mil, además de vacaciones no gozadas e indemnización vacacional. Además, se ordenó el pago de S/60 432 por CTS, y S/84 151 por concepto de beneficios sindicales. Con información de RPP