Diez funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos

Cajamarca.- Durante una Auditoría de Cumplimiento, la Contraloría General identificó un perjuicio económico mayor a los S/ 8 millones en la «Concesión para la ejecución del proyecto Estación Turística de Pasajeros”,  obra que estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y nunca fue construida. Diez ex funcionarios públicos (gestión 2007 – 2010), tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 013-2019-2-0368, los auditores determinaron que la Municipalidad Provincial de Cajamarca priorizó la ejecución, operación y mantenimiento de una Estación Turística de Pasajeros en un terreno de más de 33 mil metros cuadrados en el Complejo Gran Qhapac Ñan, el cual no reunía las condiciones técnicas, ambientales y viales para su normal funcionamiento; situación que ocasionó que la entidad solicitara a la empresa contratista la suspensión del contrato por un año para adquirir un terreno adecuado para viabilizar el proyecto.

Sin embargo, la empresa contratista rechazó el pedido, resolvió el contrato bajo el supuesto de incumplimiento de la aprobación del expediente técnico y la modificación del lugar pactado en el proyecto, para luego iniciar un proceso de arbitraje que concluyó con una sentencia favorable que ordenó el pago de una indemnización de S/ 8´071,195.54 más otros conceptos a su favor.

Según los auditores, existió una defensa deficiente del Procurador Público de la entidad quien no objetó el monto de la indemnización ordenado en el laudo arbitral y dejó consentir la resolución judicial que ordenó la ejecución (cobranza) forzada en contra de la entidad. (A la fecha se han efectuado cinco embargos a las cuentas de la municipalidad por un total de S/ 755,299.73 pero el perjuicio potencial es de S/ 9 millones que cubren la deuda principal más intereses).

Sin objetividad ni transparencia

Durante la revisión de la documentación de la entidad, la Comisión Auditora ha determinado que, en febrero del 2009, la Municipalidad Provincial de Cajamarca designó un  Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) para que el proyecto sea ejecutado dentro de la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (Ley N° 1012).

La incorporación del proyecto al proceso de promoción de la inversión privada se realizó sin el informe de evaluación que exige la normativa vigente y sin que el CEPRI presente el Plan de Promoción de la Inversión Privada ante el Consejo Municipal.

Además, se estableció el entonces alcalde encargó a un consultor la elaboración de un “Estudio de Rentabilidad de la Estación Turística de Buses de Cajamarca” que contemple una propuesta para la ejecución de un terminal terrestre que sirva de parámetro de evaluación de la propuesta de la iniciativa privada.

Posteriormente, el CEPRI admitió a trámite la iniciativa privada presentada por una empresa  privada que involucraba un monto menor de inversión menor al señalado en el estudio de rentabilidad y sin que cumpla con todos los requisitos mínimos exigidos por la normativa aplicable.

Además, puso a disposición de esta empresa privada el estudio de rentabilidad efectuado por el consultor beneficiándola indirectamente en la elaboración y sustentación de su iniciativa privada (solo este incumplimiento ameritaba su exclusión del proceso).

A ello se suma que el CEPRI accedió a modificar las bases del proceso ante el requerimiento de dicha empresa privada, sin especificar el sustento legal, afectando la transparencia del proceso y colocando en desventaja al otro postor. Finalmente, le otorgó la Buena Pro y suscribió el contrato de concesión el 30 de setiembre del 2010, el cual implicaba la ejecución de un terminal terrestre en una zona no permitida por la normativa.

El 2 de noviembre del 2011, la entidad notificaría  a la empresa concesionaria la suspensión del plazo de concesión por un período de un año para la adquisición de un nuevo terreno que cumpla con las condiciones técnicas ambientales y viales para el funcionamiento del proyecto, propuesta que fue rechazada y que ocasionó que la concesionaria resolviera el contrato el 23 de agosto del 2012 e iniciara el proceso de arbitraje con los resultados ya conocidos.

Responsabilidad penal y administrativa

La Contraloría General puso en conocimiento de la Procuraduría Pública el informe de control para que inicie las acciones legales contra diez ex funcionarios públicos (gestión 2007 – 2010) a quienes se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.